El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.
La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.
La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.
La tarifa de AySA en la mira
La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.
La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.
En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía.