«La situación económica de las personas no debe constituir un obstáculo para acceder a la vacuna», señalaron desde la organización.
La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para conocer mayores detalles sobre la asignación de dosis de vacunas contra el coronavirus a obras sociales y compañías de medicina prepaga.
La directora ejecutiva de la organización, Mariela Belski, expresó que “la igualdad y no discriminación debe ser el eje de toda respuesta a la pandemia» y que «la situación económica de las personas no debe constituir nunca un obstáculo para acceder a la vacuna contra el COVID-19».
El requerimiento de información de Amnistía Internacional apunta a monitorear el cumplimiento de los estándares de derechos humanos que imponen que los recursos sanitarios para enfrentar la pandemia sean accesibles, equitativos, inclusivos y no discriminatorios.
La organización también solicitó detalles sobre la cantidad de dosis recibidas por la jurisdicción y cuántas fueron distribuidas a cada centro de salud, además de los los criterios para la asignación a establecimientos públicos y privados.
Finalmente, se pidieron datos sobre el sistema de turnos para la vacunación contra el COVID-19 tanto el sistema público como privado de salud -indicando quienes acceden a ella, a través de qué plataformas y cuáles son los criterios para la asignación de las dosis a cada persona- e información sobre la existencia de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
“La pandemia tuvo un impacto desproporcionado en personas y comunidades que fueron históricamente marginadas y discriminadas. Los planes de vacunación deben incorporar perspectiva de derechos humanos para garantizar que las personas más necesitadas de la vacuna no vean limitado su acceso a ella», agregó Belski.
El pedido llegó después de que se conocieran presentaciones judiciales alegando que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires podrían haber distribuido dosis de vacunas al sector privado de la salud.
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