La Legislatura bonaerense es conocida como la “caja negra” de la política provincial. Sus 138 legisladores, sin distinción de fracciones partidistas, se nutren de un presupuesto multimillonario que ellos mismos se encargan de incrementar cada fin de año sin debate. Ni la inflación ni la demanda pública de mayor austeridad parecen persuadirlos de ajustar sus gastos, al contrario: Este año, por caso, cada legislador le costará al fisco bonaerense un promedio de $450 millones, 123% más que en 2022.
En efecto, según el presupuesto legislativo aprobado el pasado mes de diciembre la Cámara de Diputados provincial tiene un partido de casi $ 36.5 mil millones por razón de $397.2 millones anuales para cada uno de sus 92 miembros. Mientras tanto, se asignó al Senado $25,652 millones, por lo que el costo anual por cada legislador (son 46 en total) es $ 557,6 millones. Ambos presupuestos contemplar los gastos de funcionamiento legislativo, que incluye personal, tanto permanente como eventual. Según las leyes aprobadas, la Cámara de Diputados prevé una planta de 1.510 empleados (50 más que el año pasado), mientras que el Senado prevé 1.340 empleados, 40 más que en 2022.
Los presupuestos aprobados suponen un incremento del 123% respecto a 2022, según se comprueba LA NACIÓN. Nada parece justificar tal aumento, muy superior al 94,8% que marcó la inflación acumulada del año pasado y el doble de la proyectada a nivel nacional para 2023. Mucho menos se justifica por la tarea parlamentaria llevada a cabo por sus legisladores, que apenas se reunió una vez al mes de media en 2022. Sí, de hecho, sus dietas están entre las más altas del país: pueden llegar a $ 700,000 por mes de su bolsillo. Incluso ganan más que diputados y senadores nacionales, cuyos ingresos mensuales rondaban los $673.000 en diciembre pasado.
Los legisladores nacionales sostienen la cabeza en comparación con sus pares de Buenos Aires. En el Congreso Nacional, donde los niveles de exposición son muy altos y el control de la sociedad civil es más estricto, los diputados y senadores están permanentemente en la picota por los gastos de dieta, pasajes y número de asesores contratados. En cambio, en la Legislatura porteña, donde la transparencia del gasto público es escasa y prevalece la opacidad, los legisladores pueden incrementar sus gastos sin que los reflectores los señalen.
En efecto, a diferencia de lo que sucede con el Poder Legislativo nacional, cuya partida está incluida dentro de la ley de presupuesto -y, por tanto, su ejecución es de acceso público y fácil control-, los gastos de la Legislatura bonaerense salen del presupuesto provincial y suelen votarse a mano alzada, sin debate y a libro cerrado.
Durante la gobernación de Daniel Scioli, el presupuesto de las Cámaras pasó de ser un porcentaje de las partidas de la Administración General a ser ese mismo porcentaje (1,2%), pero de las partidas globales de la provincia (incluido el Instituto de Previsión Social y los organismos descentralizados). Así, los recursos de la Legislatura se multiplicaron exponencialmente.
A la hora de votar su presupuesto, los legisladores hacen causa común y lo aprueban sin bromas: en estos casos no hay diferencias entre oficialistas y opositores, todos son parte de una misma hermandad. En diciembre se votaron los presupuestos de ambas cámaras en la sesión que aprobó el presupuesto general de la Provincia. Las votaciones se realizaron al final del debate, sin que ningún diputado o senador tomara la palabra para comentar los recursos asignados a la Asamblea Legislativa. Ni la izquierda, que en sus discursos declara que ningún legislador debe ganar más que un maestro, ni los libertarios, que se jactan de sus proclamas “anticastas”, expresaron su opinión en Diputados, la única de las dos cámaras en la que se encuentran. tener representación, con presupuesto propio.
“Durante mucho tiempo la Legislatura porteña ha sido la ‘caja negra’ de la política. El presupuesto legislativo forma parte del ‘gobierno’ de la provincia, más aún cuando el oficialismo es minoritario. Nadie quiere romper un sistema del que todos se benefician, por eso todos lo consienten”, explica un exdiputado que supo navegar por los pasillos del Congreso y la Legislatura provincial.
El aumento de los gastos legislativos no es consistente con la baja actividad parlamentaria. El año pasado, la Cámara de Diputados de Buenos Aires realizó 10 sesiones, mientras que el Senado provincial realizó 11, menos de una sesión por mes. Su desempeño en este punto ha sido inferior al del Congreso, que cerró 2022 con 15 sesiones en la Cámara de Diputados y otras 14 en el Senado.
El partido gobernante Axel Kicillof carece quórum propio en ambas cámaras de la Legislatura y está obligado a negociar con la oposición; esto explica las dificultades para sentarse. En Diputados se necesitan 47 legisladores para habilitar las sesiones, pero el Frente de Todos llega a 43, con aliados incluidos (más el presidente de la Cámara, Federico Otermín, mano derecha del jefe del Estado Mayor provincial, Martín Insaurralde).
En el Senado hay empate en 23 escaños entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Esa Cámara es presidida por el teniente gobernador Verónica Magario, Referente peronista de La Matanza junto al alcalde Fernando Espinoza.
Si bien el número de sesiones no es el único parámetro para medir la actividad parlamentaria, al menos ofrece una indicación del ritmo de trabajo de los legisladores. En marzo del año pasado, la Cámara de Diputados se reunió dos veces para discutir las leyes de emergencia por fábricas recuperadas y gestión menstrual, y por el aniversario del golpe de 1976. En abril se reunió una sola vez, para discutir una iniciativa sobre fideicomisos y fideicomisos. Durante el mes de mayo celebró dos sesiones para aprobar el consenso fiscal y modificar las leyes del Tribunal de Cuentas y de la Defensoría del Pueblo.
Junio transcurrió sin pena ni gloria: no hubo sesión. En julio y agosto se celebraron dos sesiones en las que, entre varias leyes, se programa de hospicio y la creación de una comisión para analizar la legislación procesal penal. Septiembre fue más prolífico: se realizaron dos sesiones, una de ellas para repudian atentado contra la vicepresidenta cristina kirchnery el resto para incorporar puntos al Plan de Desarrollo del Suroeste Bonaerense.
Sin sesión en octubre y noviembre, la Cámara de Diputados tuvo un “receso” virtual. Recién en diciembre volvieron a reunirse, en esa ocasión para aprobar el presupuesto 2023, la ley tributaria y la ley de conducción cero alcohol.
Al Senado no le fue mejor. En marzo se reunió dos veces para rechazar la destitución de la senadora de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y para honrar el Día del Recuerdo. Al mes siguiente realizó una sola sesión, como en mayo, cuando el oficialismo acordó con la oposición cargos en la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia, entendimiento que derivó en la designación de Federico Thea como titular del Tribunal de Cuentas.
En junio no hubo sesiones. En julio se celebró una única reunión para designar a los representantes del organismo para el Consejo de la Magistratura, entre otros puntos. En agosto también hubo una sesión, con el juramento de Roberto Feletti como secretario administrativo. Septiembre tuvo dos sesiones, una de ellas para repudiar el atentado contra la vicepresidenta y el resto para aprobar una serie de documentos judiciales.
El Senado Provincial realizó una sesión por mes en los meses de octubre (el 27 aprobó la ley de alcohol cero y aprobó documentos judiciales), noviembre (el 29 modificó la ley de adopción) y diciembre (el 16 de por la ley presupuestaria y tributaria).
Según fuentes oficiales y de oposición consultadas por LA NACIÓN, este año no será muy diferente a 2022 en cuanto al ritmo de actividad parlamentaria. En minoría, el oficialismo tiene un panorama muy difícil para intentar aprobar la derogación de la ley de jubilación del Banco Provincia -una de las leyes clave que quedó pendiente- o avanzar en la votación de especificaciones de jueces y fiscales.
Desde el oficialismo relativizan el escaso número de sesiones que se realizaron el año pasado y exaltan que se aprobaron más de 130 proyectos. En Diputados prevén realizar al menos dos sesiones el próximo mes, mientras que, en el Senado, aunque no hay definiciones en la agenda parlamentaria, estiman que mantendrán el ritmo de al menos una sesión por mes.
Fuente: La Nacion
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