La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Ministerio de Economía que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera de la nueva normativa.
El pedido formal incluye también la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos aplicables al sector.
La propuesta establece que, si un contribuyente regulariza su deuda dentro de los 15 días posteriores al plazo de espera, la multa se reduzca en un 50%.
Según el planteo, la sanción total solo debería aplicarse una vez vencido este último plazo sin que se hubiera cumplido con la obligación.
La solicitud surge tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el envío de un proyecto para modificar la actual Ley de Inocencia Fiscal.
La entidad busca generar condiciones que permitan preservar el entramado productivo ante la caída del consumo.
El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, explicó que se requiere «la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados».
El directivo añadió que la tasa de financiación debería ser «equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación» y abarcar deudas vencidas al 31 de mayo del corriente año.
La entidad gremial empresaria considera necesario atender este pedido para «fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible».
Esta postura se hace pública en un contexto donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha propuesto una reforma tributaria para el país.