El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a Gabriel Oscar Dib, un trabajador del Senado de la Nación que montó un esquema de defraudación dentro del Congreso. Junto a tres cómplices, este empleado público tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos de la localidad bonaerense de Navarro, para luego quedarse con la mayor parte del dinero que cobraban del Estado.
El caso, que salió a la luz tras una denuncia del propio Senado, culminó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el cual los acusados reconocieron su culpabilidad. A la fecha, Dib figura activo en la nómina de empleados de planta permanente de la Cámara alta.
En octubre de 2024 estuvo a punto de ser trasladado a la Dirección de Auditoría Interna del Senado, pero las autoridades a cargo del área lo rechazaron.
La investigación judicial, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012.
Captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional. El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.
Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes de la banda delictiva al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.
Una vez que el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.
Gabriel Oscar Dib, quien fue empleado administrativo de planta permanente desde 1990 en el Senado, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos como autor del delito de concusión.
La Justicia comprobó que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria. Además, el auto que utilizaba el grupo para trasladarse y presionar a los damnificados estaba registrado a su nombre, según se desprende del fallo condenatorio al que accedió Infobae.
Por su parte, Miguel Horacio Basualdo, Gloria Beatriz Moreno y Adrián Rubén Minutillo resultaron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipes necesarios.
De acuerdo con las pruebas recolectadas, Basualdo funcionó como el nexo local en Navarro, encargado de seleccionar a los potenciales beneficiarios, completar los formularios y coordinar los viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Moreno, en tanto, se ocupaba de presentarse en los bancos, entregar las credenciales de cobro a las víctimas y retirar los sobres con el dinero en la vía pública o en confiterías cercanas.
Minutillo aportó el respaldo operativo en el territorio. El día en que se descubrió la maniobra, la policía lo identificó en la zona bancaria de Navarro junto a Basualdo. En esa oportunidad, intentó engañar a los agentes policiales al manifestar que trabajaba como asesor legislativo, una afirmación que los informes oficiales del Congreso desmintieron posteriormente.
El TOF N° 4 de San Martín acreditó con certeza la exigencia y el retorno del dinero en los casos de tres víctimas, quienes describieron de manera idéntica cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos– bajo la falsa premisa de que ese pago era un requisito obligatorio del trámite.
Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque en algunos casos no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.
El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers convalidó las penas acordadas entre los acusados y la fiscalía y dispuso que los cuatro condenados cumplan reglas de conducta por el término de dos años, que incluyen fijar un domicilio residencial y someterse al control del Patronato de Liberados.
Fuente: Infobae