Corte Internacional confirmó crímenes de lesa humanidad en la Venezuela de Maduro

El informe de la Corte Penal Internacional asegura que “desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad”.

La Corte Penal Internacional confirmó que se deben investigar los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela

Así expresa el informe realizado por la fiscal de Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien ejerció hasta el mes de junio, y comenzó la investigación en febrero de 2018.

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y deben ser investigados.

El informe definitivo realizado por Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el mes de junio, expresa: “Según lo establecido en su Informe 2020 sobre Actividades de Exámenes Preliminares, la Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”.

Este “examen preliminar” comenzado en febrero de 2018, quedó en manos de su sucesor y fue publicado este martes. A su vez, se indica que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de otras partes interesadas, el Fiscal ha concluido que existe una base razonable para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en Venezuela”.

“En este contexto, dado el alcance y la variedad de los diferentes presuntos delitos dentro del contexto de la situación, la Fiscalía se ha centrado en un subconjunto particular de denuncias relacionadas con el trato a las personas detenidas., sobre las cuales se contó con información suficientemente detallada y confiable para permitir una determinación sobre si existía una base razonable para creer que se habían cometido uno o más crímenes dentro de la competencia de la Corte; sin perjuicio de otros delitos que puedan determinarse en una etapa posterior y con respecto a un período de tiempo más amplio”, continúa el documento.

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