Los análisis realizados a la ropa de la víctima y a muestras de sangre tomadas de sus uñas apuntan a Matías Benicelli y a Blas Cinalli, hoy presos y con prisión preventiva.
Seis meses después, la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa continúa con nuevas pruebas. Luego de que la Cámara de Apelaciones de Dolores confirmara la prisión preventiva para los ocho acusados de matarlo a mediados de abril, la fiscal del caso, Verónica Zamboni, recibió los resultados de una serie de estudios de ADN realizados en laboratorios del Ministerio Público en Junín. Los resultados apuntaron a dos de dos acusados en particular.
Una camisa de Matías Benicelli (20) fue peritada: se le encontró sangre de Fernando mezclada con la del mismo Benicelli. Por otra parte, un hisopado a la uña de un dedo meñique de la víctima reveló sangre de Blas Cinalli (18), otro acusado.
También se espera el resultado de la pericia de scopometría a la zapatilla atribuida a Máximo Thomsen (20), encontrada por la Policía Bonaerense en la mañana posterior al 18 de enero de este año. Por la forma en que murió el joven, el calzado que llevaban aquella noche se transformó en un elemento clave en la pesquisa. La pericia scopométrica comparará el dibujo de las suelas con la huella encontrada en el rostro de Báez Sosa.
Estas pericias habían sido solicitadas por la fiscal Zamboni. Además de Thomsen, Benicelli y Cinalli, Ciro Pertosi (19), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi, (21), Enzo Comelli (20), y Ayrton Viollaz (20) continúan detenidos en una alcaidía de La Plata, imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, cometido frente al boliche Le Brique de Villa Gesell el pasado mes de enero.
Por otra parte, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), se encuentran imputados en calidad de “partícipes necesarios”, pero fueron excarcelados meses atrás.
En lo que respecta al avance de la investigación, se encuentran pendientes los peritajes psicológicos y psiquiátricos solicitados por el juez de la causa, David Mancinelli, para los ocho rugbiers que están detenidos, aunque recién se llevarían a cabo cuando se decrete el final de la cuarentena, o al menos disminuya el riesgo de la situación epidemiológica, para evitar desplazamientos de los imputados fuera del penal en el que están alojados.
Los peritajes psicológicos y psiquiátricos estaban programados entre el 13 y el 24 de abril en la Asesoría Pericial de La Plata, pero debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, se pospuso por tiempo indeterminado. Dichas medidas habían sido solicitadas por el juez de la causa a partir del pedido de arresto domiciliario por parte de la defensa de los rugbiers. Su resultado es aguardado por la fiscal para incorporarlo al expediente antes de requerir la elevación a juicio del caso.
En el marco del incidente de morigeración, además, deberán esperar el fin de la cuarentena los informes socioambientales que el magistrado solicitó a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana, para conocer quiénes viven en los domicilios fijados en la causa por cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.
A cuatro meses y medio del crimen, los ocho jóvenes acusados por el homicidio se encuentran detenidos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, en La Plata. Según expresó semanas atrás Javier Thomsen, padre de Máximo, los rugbiers no tienen teléfonos celulares como el resto de los presos que accedieron a un teléfono móvil por decisión de la Justicia para que se puedan comunicar con sus familias en medio de la cuarentena. “Los chicos no pueden acceder a algunos objetos por la presión mediática que hay contra ellos. Todos tienen celulares menos ellos”, expresó el hombre, quien agregó que los ocho están alojados juntos en el mismo sector, en celdas de a dos, “en una alcaidía donde todas las personas están procesadas sin condena y no tienen contacto visual con otros presos”.
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