Unión por la Patria volvió a poner sobre la mesa el debate por la reducción de la jornada laboral. Los diputados nacionales Sergio Palazzo y Carlos Cisneros presentaron un proyecto de ley que propone disminuir la carga horaria máxima de trabajo de ocho a seis horas diarias, sin que ello implique una reducción en la remuneración de los trabajadores.
La iniciativa, firmada por ambos legisladores y dirigentes del gremio La Bancaria, retoma una discusión que había quedado inconclusa durante 2023, cuando distintas propuestas sobre el mismo tema obtuvieron tratamiento en comisión, pero nunca llegaron al recinto y finalmente perdieron estado parlamentario.
Actualmente, la jornada laboral en la Argentina está regulada por la Ley 11.544, que establece un límite de ocho horas diarias o 48 semanales para quienes trabajan en actividades públicas o privadas, con o sin fines de lucro. El nuevo proyecto plantea reducir ese máximo a seis horas por día o 36 horas semanales, aunque contempla la posibilidad de extender la jornada hasta siete horas diarias cuando las tareas se desarrollen exclusivamente entre los días lunes y viernes.
Los diputados también proponen modificar los límites para actividades con regímenes especiales. En el caso del trabajo nocturno, definido como el que se realiza entre las 21 y las 6, el máximo pasaría de siete horas a cinco horas y quince minutos por jornada.
En paralelo, la iniciativa reduce la carga horaria para quienes desempeñan tareas en ambientes insalubres. De aprobarse, el límite bajaría de las actuales seis horas diarias o 36 semanales a cuatro horas y media por día o 27 horas semanales.
El proyecto incorpora además el denominado derecho a la desconexión digital, con el objetivo de impedir que los trabajadores reciban requerimientos laborales fuera de su horario de trabajo. En ese sentido, el texto establece que la medida busca garantizar “el pleno ejercicio de su tiempo de descanso, así como el goce de las licencias previstas por la ley”. Asimismo, dispone que “el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral, salvo razones de urgencia previamente determinadas”.
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral ya había ganado espacio en el Congreso durante la campaña electoral de 2023. En ese momento se presentaron al menos siete proyectos: cinco impulsados por entonces diputados oficialistas, entre ellos Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Mónica Litza y el propio Palazzo, además de dos iniciativas promovidas por Enrique Estévez, del Partido Socialista, y Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. Ninguna logró avanzar más allá del tratamiento en comisión.
Durante ese debate, la Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó la reducción horaria al considerar que el esquema vigente constituye “una antigüedad” y sostuvo que era necesario actualizar la legislación “como medio de generar más empleo y distribuir mejor el beneficio extraordinario del capital”. En la vereda opuesta, la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazó la propuesta y cuestionó que se intentara aprobar una norma que “entra por la ventana” en pleno contexto electoral.
En aquellas discusiones también intervino la entonces ministra de Trabajo, Kelly Olmos, hoy diputada nacional, quien apoyó la iniciativa, aunque planteó que “de adoptarse una modificación de la cantidad de horas de trabajo se haga de una manera escalonada”. Palazzo coincidió con ese criterio y propuso comenzar con una reducción inicial de una hora.
Además, sostuvo que la negociación colectiva debería definir si el nuevo esquema se implementaría mediante una disminución de las horas diarias o a través de una jornada menos de trabajo por semana, al señalar que las jornadas laborales “no sean superiores a 8 horas en tanto no se trabajen más de 4 días a la semana”.
Con la presentación formal del proyecto, la iniciativa deberá ahora iniciar nuevamente su recorrido legislativo. El primer desafío será obtener dictamen de comisión para luego intentar reunir los consensos necesarios que le permitan llegar al recinto de la Cámara de Diputados.