El Decreto 941/25 no «corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal», sino que introduce una serie de cambios orientados a fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional para que pueda cumplir con su función esencial, que es producir información estratégica para asistir la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.
– Las «acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia» están claramente definidas dado que se enumeran dentro del universo de amenazas a la seguridad estratégica nacional. Esto no incluye «militancia política o el periodismo» como dice quien escribe la nota, cuestiones expresamente prohibidas en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional.
– El Decreto no «rompe un consenso básico de la democracia argentina» al reorganizar las áreas de inteligencia de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Por el contrario, se eliminan las tareas de investigación criminal de la SIDE (delimitando estas al Ministerio de Seguridad Nacional) y se termina con la duplicación de estructuras de inteligencia militar en el Ministerio de Defensa.
– El intercambio de información dentro de la Comunidad de Inteligencia Nacional es un pilar básico de la producción de inteligencia conforme a los estándares adoptados por las principales agencias de inteligencia del mundo. La inteligencia abarca distintos fenómenos y especialidades que son analizados por diferentes organismos del Estado, tales como la economía, los minerales críticos y las infraestructuras estratégicas.
– La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo. Ejemplo de ello es la captura del principal dictador de la región y todas sus potenciales repercusiones, que ocurrió tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo.
– La República Argentina requiere contar de manera inmediata con herramientas adecuadas que le permitan anticipar, prevenir y gestionar riesgos y amenazas que puedan afectar sus intereses estratégicos, su seguridad nacional y el normal funcionamiento de las instituciones.
– Las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando.
Escribir en un medio de comunicación reputable sobre cuestiones de inteligencia requiere conocimiento y especialización, por lo que sugerimos a aquellos periodistas interesados informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades. Ante cualquier duda el equipo de comunicación de la Secretaría se encuentra a disposición.
Gracias por su atención.