La cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), encabezada por su titular Sergio Neiffert y su vice, Diego Kravetz, ha sido denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. La acusación principal se centra en un presunto abuso de autoridad relacionado con el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), recientemente aprobado por el gobierno federal.
Los denunciantes, una reconocida organización de derechos humanos, sostienen que Neiffert y Kravetz habrían habilitado, a través de este nuevo plan, la realización de «tareas de inteligencia sobre personas y grupos por razones políticas». Esta práctica, de confirmarse, representaría una grave violación a las garantías individuales y a los principios democráticos que regulan las actividades de inteligencia en un Estado de derecho.
Aunque el PIN es un documento de carácter secreto, fragmentos de su contenido han sido revelados por importantes medios de comunicación como La Nación, la revista Crisis y Perfil. Según lo que ha trascendido en estas publicaciones, el CELS alerta sobre «apartados alarmantes» que, según su denuncia, «ordenan ‘vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales'». Esta directriz ha generado particular preocupación entre defensores de los derechos civiles y especialistas en libertad de expresión, quienes advierten sobre el riesgo de prácticas de espionaje interno y seguimiento ideológico.
La denuncia del CELS pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de un Estado de contar con herramientas de inteligencia para la seguridad nacional y la obligación de garantizar el respeto a las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Se espera que la jueza Capuchetti impulse la investigación para determinar el alcance y la legalidad de las directrices contenidas en el Plan de Inteligencia Nacional, y si efectivamente se ha incurrido en abuso de autoridad.