El Gobierno reconoció que mantuvo conversaciones concretas con la administración de Donald Trump para que Argentina actuara como un “tercer destino” de personas deportadas desde los Estados Unidos, aunque aseguró que la propuesta fue finalmente descartada.
Según fuentes oficiales, el esquema planteado por Washington incluía financiamiento estadounidense para la construcción de cárceles en territorio local destinadas al alojamiento transitorio de los expulsados. “El acuerdo existió como conversación concreta, pero se decidió no avanzar”, remarcaron desde Casa Rosada tras la difusión de las negociaciones en la prensa internacional.
Uno de los principales argumentos para frenar la iniciativa fue su “inviabilidad práctica y política”, sumado a la falta de consenso interno sobre la instalación de centros de detención. En el oficialismo advirtieron que no pretenden asimilarse al modelo de seguridad de otros países de la región: “No somos El Salvador”, expresaron fuentes gubernamentales a TN.
Asimismo, funcionarios de la mesa chica presidencial admitieron que la estrategia fue ganar tiempo para evitar un conflicto social doméstico, reconociendo que “siempre intentamos dilatarlo”.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno señaló que un acuerdo de esta magnitud habría requerido adecuaciones normativas complejas en materia migratoria y de derechos humanos. “No era solo una decisión administrativa, abría flancos judiciales inmediatos”, agregaron las fuentes consultadas.
A esto se sumó la negativa de las provincias para absorber los costos políticos y de seguridad, así como la situación crítica del sistema penitenciario local, que ya opera con niveles de sobrepoblación y tensiones presupuestarias.