El Gobierno nacional resolvió postergar hasta mayo la aplicación del aumento en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, una suba que estaba prevista para abril. La medida quedó oficializada a través del decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica el esquema de actualización establecido previamente.
La decisión alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen, el gasoil y el tributo sobre las emisiones de COâ. Según se indicó oficialmente, la prórroga responde al encarecimiento del petróleo en el mercado internacional y al efecto que ese movimiento tuvo sobre los precios en las estaciones de servicio argentinas.
En la práctica, el decreto extiende el período de suspensión de los incrementos entre el 1° de marzo y el 30 de abril de 2026, y fija que la entrada en vigencia de las subas se traslade al 1° de mayo. De ese modo, el Ejecutivo vuelve a diferir una actualización que se aplica trimestralmente en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor.
En los últimos meses, el Gobierno había venido adoptando una estrategia de postergaciones parciales para evitar un traslado pleno a los surtidores. Esa política ya había sido instrumentada durante 2025 y ahora se profundiza frente a un escenario internacional más tensionado por la suba del barril.
El impacto fiscal de estas decisiones no es menor: según estimaciones privadas, las postergaciones acumuladas en 2025 implicaron una resignación de ingresos por más de USD 2.300 millones. A su vez, el impuesto a los combustibles líquidos representa una porción relevante del precio final de la nafta, mientras que el tributo al COâ suma un componente adicional, aunque menor, sobre el valor del litro.
La medida se da en un contexto de aumentos sostenidos en los combustibles. Solo en marzo, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires subió alrededor de 15%, impulsada por la escalada internacional del crudo y por el esquema de ajustes que vienen aplicando las petroleras desde comienzos de año.