
Pese a la apertura al diálogo que supuso el anuncio de la recreación del ministerio del Interior, a cargo ahora de Lisandro Catalán, el presidente Javier Milei se apresta concretar los vetos de varios proyectos de ley clave, tal como había anunciado y en consonancia con su plan económico. En agenda estaría dar de baja el proyecto que impulsan los gobernadores para redistribuir fondos con las provincias – los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) – y el de emergencia en pediatría, luego de que a última hora de este miércoles se conociera el revés a la Ley de Financiamiento Educativo universitario, que fue vetada.
Paro y Marcha Federal Universitaria
El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue formalizado a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
La norma planteaba medidas concretas para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. Entre ellas, establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”.
En tanto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) habían anunciado la realización de un paro de 24 horas tras conocerse el veto presidencial del proyecto, que fue confirmado para este viernes 12 de septiembre, y la organización de una Marcha Federal coincidiendo con la eventual sesión parlamentaria que deba tratar la reversión del decreto.
Ante el veto de Milei
🔵PARO NACIONAL de 24 hs el viernes 12 de septiembre.Hacia la MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA en defensa de la Universidad Pública Nacional. pic.twitter.com/ZpjpTqcIsu
— CONADU (@PrensaCONADU) September 10, 2025
Emergencia en discapacidad: sin judicialización
En tanto, Milei finalmente no judicializaría la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado hace unos días por el Congreso en una medida que no se daba hace 20 años, pero que el presidente objeta por el modo en que fue sancionada.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad de la cámara e impulsor de la ley, dijo que debería comenzar a aplicarse esta misma semana. Pero la ley aún no fue reglamentada ni hay pistas en el Boletín Oficial. El Gobierno la demora. Desde el Congreso amenazan a ir por Guillermo Francos si no aplica, a través de una ley de moción.
«Si es de imposible aplicación es de imposible de aplicación. No importa las amenazas del Poder Legislativo. Que vayan y lo echen a Francos», estalló un funcionario en Casa Rosada.
En el Gobierno se escudan en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. «Ahí te dice de dónde sale la guita. Cualquier proyecto de ley por fuera del Presupuesto tiene que establecer su financiamiento», responden en Balcarce 50.
Hay versiones en los pasillos de Rosada de que las estrategia sería realizar una aplicación parcial. Pero hay muchas dudas. Por ahora solo hay una certeza: a la justicia Milei no va. El costo político de ir contra los discapacitados fue alto. Y más en medio de la conmoción por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad.