El Gobierno de Javier Milei busca reformar la Ley de Salud Mental. No se trata de un proyecto que entrará en las sesiones extraordinarias, sino que se sitúa en el marco de la agenda legislativa para marzo del año entrante.
Entre las modificaciones relevantes que se propone el Ejecutivo en esta legislación se encuentra el habilitar las internaciones voluntarias para que, en determinados casos, los jueces puedan autorizar la hospitalización.
Se trata de un pedido impulsado por familias afectadas por la actual normativa y agrupaciones desde la sanción de la Ley 26657 de Salud Mental y Adicciones, promulgada en 2010 y reglamentada en 2013, pero que desde su puesta a punto generó polémica por aspectos de su aplicación.
Uno de los puntos en cuestión es el de la antimanicomialización, que busca preservar los derechos de los pacientes en el sistema de salud, pero encontró limitaciones en la práctica ante la ausencia de dispositivos necesarios para su aplicación.
En ese marco, el Ministerio de Salud busca avanzar en la creación de centros especializados y en la posibilidad de autorizar la internación de determinados pacientes a través de la intervención judicial.
Desde el Gobierno insisten en una reforma de la legislación sobre la salud mental desde la Ley Bases, y afirman que hay que recuperar elementos de las legislaciones previas a la actual.