El Gobierno oficializó un nuevo marco regulatorio para los productos de nicotina, como vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas (pouches), a través de la resolución 549/2026.
La normativa establece la obligatoriedad de registro para fabricantes y comerciantes, además de exigir trazabilidad, control de calidad y declaración de componentes. Ningún producto podrá venderse sin autorización, y se fijarán límites estrictos sobre concentración de nicotina, ingredientes permitidos y condiciones de publicidad.
La medida reemplaza el esquema prohibitivo vigente y busca ordenar un mercado que hasta ahora operaba mayormente en la informalidad.
Uno de los ejes centrales será la eliminación de saborizantes en vapeadores, señalados como un factor clave en la iniciación del consumo adolescente. También se fortalecerán las capacidades del Estado para fiscalizar, inspeccionar y sancionar irregularidades, algo que hasta ahora resultaba limitado.
Desde el Gobierno sostienen que la regulación no crea un mercado nuevo, sino que formaliza uno ya existente, dominado por el contrabando y sin controles sanitarios ni tributarios. En ese sentido, los productos pasarán a estar alcanzados por impuestos y supervisión oficial.
El cambio se da en un contexto de creciente preocupación sanitaria. Especialistas advierten que la nicotina, en cualquier formato, implica riesgos cardiovasculares y puede afectar el desarrollo cerebral en jóvenes. Además, alertan sobre el aumento del consumo en adolescentes, impulsado por la accesibilidad y estrategias de marketing.