El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, trabaja en la implementación de un sistema de vouchers o cupones de capacitación que reemplazaría gradualmente los actuales programas de asistencia directa.
El nuevo esquema apunta a que los beneficiarios puedan elegir cursos y formaciones en empresas privadas con el objetivo de adquirir habilidades que faciliten su ingreso al mercado laboral. En esta primera etapa, la iniciativa comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, que funcionará como modelo del sistema.
“Queremos que la gente se capacite en lo que sea útil para su región y pueda conseguir empleo real”, explican en el entorno de la ministra. Desde la cartera remarcan que el plan busca romper con la lógica asistencialista que caracterizó a los planes sociales durante las últimas dos décadas y transformarlos en una política activa de empleo.
La funcionaria, que se consolidó como una de las ministras más fuertes del Gabinete, mantiene conversaciones con grandes compañías interesadas en participar del programa. Entre ellas se mencionan a Sinteplast, que ya ofrece cursos de pintura profesional, y Arcos Dorados (McDonald’s), que firmó un convenio con el Gobierno para incorporar a trabajadores desempleados.
El diseño del sistema prevé que el Estado aporte la infraestructura y el mantenimiento de los centros de formación, mientras que las empresas aporten los contenidos, materiales y certificaciones. Los vouchers funcionarían como una “moneda de capacitación” que los beneficiarios podrían canjear en las instituciones adheridas, según su perfil y su interés.
Desde Capital Humano aseguran que el programa “no financiará cualquier cosa”, sino capacitaciones con certificación oficial y prácticas concretas. La idea es comenzar en la Ciudad de Buenos Aires y luego extender el modelo a provincias y municipios durante 2026, en articulación con gobernadores e intendentes.
El proyecto se desarrolla en paralelo con la reconversión del Potenciar Trabajo, que en 2024 fue dividido en dos programas: Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS). El primero reúne a casi un millón de beneficiarios bajo la órbita de Empleo, mientras que el segundo —destinado a mayores de 50 años y madres con hijos pequeños— alcanza a unas 200 mil personas y continúa dentro de Niñez, Adolescencia y Familia.
Pese a las críticas de las organizaciones sociales, que reclaman la actualización de los haberes congelados desde 2023 y la entrega de un bono de emergencia, el Gobierno mantiene su decisión de avanzar con la reconversión. “La prioridad es el capital humano, no el subsidio perpetuo”, repiten en la Casa Rosada.
En los últimos meses, Pettovello ordenó una auditoría interna que derivó en la suspensión de más de 70 mil beneficiarios y la baja de otros 2.200 planes, aunque algunos de esos casos fueron revertidos por orden judicial. Desde su entorno sostienen que “la limpieza del padrón es necesaria para transparentar el sistema y reasignar recursos hacia quienes realmente los necesitan”.
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El plan de vouchers también busca debilitar la intermediación de las organizaciones sociales que históricamente gestionaron los programas y condicionaron la asistencia. Con esta reforma, los beneficiarios podrían inscribirse directamente en las capacitaciones, sin depender de las cooperativas o movimientos que antes controlaban los cupos.
El desafío del Gobierno será garantizar la financiación y la coordinación con el sector privado, en un contexto de fuerte tensión social y reclamos por el congelamiento de los ingresos. En paralelo, la ministra proyecta ampliar el alcance de la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), las dos herramientas que hoy concentran el mayor esfuerzo presupuestario en materia social.
Mientras tanto, las organizaciones nucleadas en la UTEP anunciaron nuevas movilizaciones en reclamo de aumentos y de la restitución de los planes dados de baja. Desde el oficialismo responden que la salida no es volver al subsidio, sino “apostar a la educación, la formación y el trabajo formal” como eje de la política social de la nueva etapa.