Después de la derrota que sufrió durante el tratamiento del Presupuesto 2026, el Gobierno comenzó a diseñar una nueva estrategia para intentar modificar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. En la Casa Rosada analizan incorporar los cambios al proyecto de Presupuesto 2027, que deberá ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre, con el objetivo de reducir el impacto fiscal de ambas normas.
La decisión todavía no está tomada. En Balcarce 50 aseguran que la iniciativa sigue bajo análisis y que su viabilidad dependerá de la capacidad del oficialismo para construir una mayoría legislativa junto a gobernadores y bloques aliados. “Primero hay que ordenar la política y después avanzar con el Presupuesto”, reconocen en el entorno del Ejecutivo en diálogo con TN.
El antecedente inmediato es el debate del gasto 2026. En aquella oportunidad, el oficialismo intentó incorporar un capítulo que modificaba las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, pero la propuesta fue rechazada durante la votación en particular, pese a que el proyecto había obtenido aprobación en general.
A partir de esa experiencia, el Gobierno busca evitar un nuevo revés parlamentario. La estrategia ahora apunta a llegar al Congreso con negociaciones políticas más avanzadas, especialmente con gobernadores dialoguistas, para garantizar respaldo tanto al Presupuesto como al resto del paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo.
En la Casa Rosada sostienen que la discusión debe darse dentro del paquete y no mediante leyes que impliquen nuevos compromisos de gasto sin una fuente específica de financiamiento. Bajo esa lógica, el proyecto presupuestario aparece como la herramienta para compatibilizar las modificaciones con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal.
El frente universitario continúa siendo el más complejo. La Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de las becas estudiantiles. En el Gobierno remarcan que la resolución no implica una sentencia definitiva sobre toda la norma, aunque reconocen que condiciona el margen de maniobra para futuras modificaciones.
Con el objetivo de descomprimir el conflicto, el Ejecutivo ya había acordado una recomposición salarial del 24,33%, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades mantuvieron los reclamos judiciales al considerar que esas medidas no reemplazan el cumplimiento de la ley vigente.
En paralelo, el oficialismo también pretende revisar el régimen de Emergencia en Discapacidad. El proyecto elaborado por el Ejecutivo contempla reforzar las auditorías sobre las pensiones no contributivas, avanzar con un nuevo reempadronamiento de beneficiarios, revisar incompatibilidades y modificar el esquema de financiamiento, con el objetivo de reducir el costo fiscal y fortalecer los controles sobre las prestaciones.
La discusión forma parte de una negociación política más amplia que el Gobierno mantiene con los gobernadores. En Balcarce 50 buscan llegar a septiembre con acuerdos que incluyan respaldo al Presupuesto 2027, acompañamiento a la reforma electoral y apoyo a otras iniciativas económicas que considera prioritarias para la segunda mitad del mandato.
El oficialismo considera que la reforma electoral es una pieza central de esa estrategia y aspira a que el debate sobre las PASO quede resuelto antes del ingreso del Presupuesto al Congreso. En el Ejecutivo entienden que avanzar con ese esquema facilitaría los acuerdos políticos de cara a las elecciones de 2027 y fortalecería la posición negociadora del Gobierno frente a las provincias.
Según el informe de avance del Presupuesto 2027, el proyecto mantendrá como eje el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la actividad económica. En ese marco, la administración de Javier Milei sostiene que cualquier incremento permanente del gasto deberá contar con financiamiento específico para evitar comprometer las metas fiscales.