El Parlamento Europeo resolvió frenar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que analice su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión fue adoptada este martes en Estrasburgo por un margen muy estrecho: 334 votos a favor y 324 en contra.
Con esta resolución, el tribunal con sede en Luxemburgo deberá evaluar si el convenio recientemente firmado en Paraguay se ajusta al marco legal del bloque de los 27 países. La posibilidad de un resultado ajustado ya había sido anticipada por distintos sectores del Parlamento en la previa de la votación.
Desde la Comisión Europea cuestionaron la decisión de la Eurocámara. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento en esta moción no están justificadas”, sostuvo el vocero comunitario Olof Gill. De todos modos, aclaró que el Ejecutivo europeo conserva la potestad de aplicar el acuerdo de manera provisional.
Gill señaló que los cuestionamientos no son nuevos y que ya fueron abordados en tratados comerciales anteriores, como el acuerdo con Chile. Además, adelantó que el tema podría ser tratado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante una cumbre extraordinaria convocada para este jueves, originalmente prevista para debatir las relaciones con Estados Unidos.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con una aplicación provisional del acuerdo antes del pronunciamiento del TJUE, el vocero explicó que la Comisión continuará el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y remarcó su “importancia vital” tanto en términos económicos como geopolíticos para la Unión Europea.
Las claves del freno al acuerdo
Uno de los principales puntos en discusión es la validez legal del llamado mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que varios legisladores consideran que podría afectar la autonomía regulatoria de la UE. También genera preocupación la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.
Según estimaciones del propio Tribunal de Justicia, este tipo de análisis suele demorar entre 18 y 24 meses, aunque el organismo tiene la facultad de acelerar los tiempos si las circunstancias lo requieren.