El Senado tratará este jueves una iniciativa clave sobre propiedad privada que llega con cambios sustanciales respecto del borrador original.
La propuesta del Ejecutivo, que inicialmente buscaba liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros, ahora contempla la posibilidad de fijar un límite de kilómetros por empresa y exigir avales institucionales cuando haya participación de Estados.
Entre las alternativas en análisis figura que, si intervienen capitales vinculados a otros países, la operación requiera no solo aprobación provincial y nacional, sino también del Congreso.
Aun así, el esquema mantiene la intención de flexibilizar el régimen vigente, lo que genera tensiones entre bloques y explica la postergación del debate a comienzos de junio.
El proyecto también introduce un desalojo exprés para casos de usurpación y acorta los plazos judiciales en conflictos locativos.
En paralelo, redefine el alcance de las expropiaciones: la “utilidad pública” deberá justificarse de manera estricta y se establece un tope del 30% para indemnizaciones por lucro cesante.
Otro punto polémico es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina restricciones de largo plazo para cambiar el uso de tierras incendiadas en áreas productivas, aunque mantiene prohibiciones para bosques nativos sin un plazo fijo.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma apunta a “reducir trabas” y atraer inversiones. Sin embargo, sectores críticos advierten que podría debilitar controles sobre recursos estratégicos y abrir conflictos con provincias y comunidades locales.