En diciembre de 2023, cuando comenzó el gobierno de Javier Milei, se “ha implementado una política deliberada de ajuste y desmantelamiento del sector público nacional, con un impacto masivo tanto en la dotación de personal como en las capacidades operativas del Estado”.
La reducción del empleo público
El análisis por empresa muestra que el caso más significativo en términos absolutos es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Le siguen la Operadora Ferroviaria SE, con 3.116, y Banco Nación, con 1.968; Aerolíneas Argentinas registra 1.782 desvinculaciones.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, de la que se despidió a cerca del 80% del personal. Luego aparecen Enarsa Patagonia y los casos de Educar SA y Contenidos Públicos SE, que también presentan reducciones especialmente significativas.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), incluyendo organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más significativo en términos absolutos es el de ARCA, con 3.148 puestos de trabajo eliminados. Después están Conicet, con 1.716 despidos, y Anses, con una reducción de 1.532 trabajadores.
En términos proporcionales, el recorte más severo se produjo en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que perdió el 64% de su planta de personal. En segundo lugar, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 45%, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que sufrió un recorte del 42% de su dotación.