El Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo la clasificación de “secreto militar”, mediante el Decreto 1205/2026 publicado esta mañana en el Boletín Oficial con la firma del Presidente y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La medida impide conocer públicamente el tipo de material adquirido, el costo de la operación, el proveedor y la fuerza que recibirá el equipamiento, en un contexto de tensión diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.
Cabe mencionar que, la decisión se conoce después de una serie de medidas del Ejecutivo nacional vinculadas con la disputa por el archipiélago, entre ellas las sanciones y denuncias contra empresas petroleras que operan sin autorización argentina, las gestiones para frenar el proyecto de extracción de crudo Sea Lion y la orden de construir una base naval en Tierra del Fuego. En respuesta, el Reino Unido convocó a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, mientras que el primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante el Parlamento que su país será “implacable” en la defensa de los derechos de los isleños.
En tanto, la norma invoca la Ley de Defensa Nacional 23.554, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas 24.948 y el Decreto 9390/63, que define como “secreto militar” las adquisiciones, fabricaciones o construcciones consideradas de importancia fundamental para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas. Al aplicar esa clasificación, los organismos encargados de la contratación quedan exceptuados de las disposiciones de publicidad y difusión que rigen las compras estatales.
De esta manera, el decreto publicado esta mañana tramita bajo un expediente distinto de los vinculados con adquisiciones militares anteriores y no contiene referencias a los aviones de combate F-16 ni a la Fuerza Aérea. En cambio, designa a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa como responsable de instrumentar los actos necesarios para concretar la operación, sin especificar el material que se incorporará.
No obstante, no es la primera vez que la administración de Milei recurre a esta herramienta. Desde su llegada al Gobierno, el Ejecutivo dictó al menos cuatro decretos de este tipo, tres de los cuales estuvieron relacionados con la compra de los F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para incorporarlos y los contratos complementarios gestionados a través del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero (FMS). El cuarto decreto clasificado como secreto militar fue la exportación temporal de material de esos aviones para tareas de mantenimiento y actualización.
En este sentido, la nueva compra se inscribe en el proceso de reequipamiento militar impulsado por el Gobierno nacional. Según un relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, basado en registros del Sistema de Contrataciones Electrónicas y acuerdos bilaterales, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el Estado destinó 445.026.954 dólares a armamento y equipos militares y de seguridad.
De ese total, 381,4 millones de dólares correspondieron a las Fuerzas Armadas y 63,7 millones al área de Seguridad. El relevamiento indicó que la cifra acumulada superó los 428,7 millones de dólares destinados a ese rubro durante la gestión de Alberto Fernández y multiplicó por seis los 72 millones de dólares registrados durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el grueso de las compras se concentró en 2024, cuando se destinaron 357,8 millones de dólares; en 2025 el monto fue de 59,4 millones y durante los primeros siete meses de 2026 alcanzó los 27,8 millones.
La principal adquisición fue la compra de 16 aeronaves monoplaza y ocho biplaza de combate F-16 a Dinamarca, acordada en abril de 2024 por 301,2 millones de dólares, pagaderos en cinco cuotas anuales. Los primeros seis ejemplares llegaron al país en diciembre de 2025 y fueron presentados en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, mientras que una segunda tanda de seis unidades arribó en septiembre de 2026. Por caso, la Fuerza Aérea estima que los 12 aviones restantes podrían incorporarse antes de diciembre de 2027.
El reequipamiento también contempla vehículos blindados y helicópteros, ya que el Ejército acordó con Estados Unidos la compra de ocho blindados Stryker 8×8 por 20 millones de dólares, con la posibilidad de ampliar la flota hasta 235 unidades en distintas configuraciones. Por otra parte, en marzo de 2026 el Ministerio de Defensa formalizó un acuerdo para incorporar helicópteros UH-60L Black Hawk provenientes de reservas estadounidenses, con un programa de hasta 20 aeronaves y un techo presupuestario de 140 millones de dólares.
En el ámbito naval, la Armada incorporó cuatro aviones de patrulla marítima P-3 Orion adquiridos a Noruega por 60 millones de dólares, destinados al control del Atlántico Sur y de la zona económica exclusiva argentina. También se sumaron seis helicópteros Bell 407GXi, comprados a Canadá por 32,4 millones de dólares, y 48 camiones Unimog U4000 por 8,16 millones de dólares para la logística terrestre del Ejército.
Milei solicitó autorización para tomar deuda para la compra de submarinos y fragatas
En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso en septiembre incluyó autorizaciones para tomar deuda por 2.300 millones de dólares destinados a tres submarinos convencionales y otros 1.200 millones para dos fragatas multimisión. Según la propuesta, los submarinos operarían desde la Base Naval Mar del Plata y las fragatas desde la Base Naval Puerto Belgrano.
La Armada evaluó las propuestas de dos fabricantes europeos para la adquisición de submarinos: la francesa Naval Group, con el modelo Scorpène Evolved, y la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), con el Type 209NG. De acuerdo con el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Marcelo Dalle Nogare, ambos países ofrecieron financiar la totalidad de la operación, que podría superar los 3.000 millones de euros.
Sin embargo, la inclusión de esas partidas en el proyecto presupuestario no implica que los contratos estén cerrados. La concreción de las compras dependerá de la aprobación legislativa y de las condiciones de financiamiento que se acuerden con los proveedores. Una eventual adquisición de submarinos permitiría recuperar una capacidad que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, en el que murieron sus 44 tripulantes.