En un movimiento que añade una nueva capa de complejidad al debate legislativo, el Gobierno Nacional anunció que está «considerando» un posible aumento en las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. La declaración llega en un momento crucial, pocas horas antes de una sesión en la Cámara de Diputados en la que se buscará rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una medida que busca justamente una recomposición para el sector.
La información, confirmada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, se difunde en un escenario de alta tensión política y social. El veto de la ley, que pretendía garantizar una actualización económica en línea con la inflación para los prestadores de servicios de discapacidad, ha generado una fuerte reacción de las organizaciones y familiares del sector, que denuncian un deterioro crítico en la calidad de la atención y la sostenibilidad de los centros.
Una medida que busca desactivar el conflicto
Fuentes del Ejecutivo señalan que la posible suba se enmarca en la agenda de «eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos», argumentando que los fondos provendrían de una auditoría sobre las pensiones por invalidez «mal otorgadas». Sin embargo, el anuncio es interpretado por muchos analistas políticos como una estrategia para desactivar el rechazo del veto en el Congreso y evitar una derrota legislativa, ya que la oposición y legisladores de diferentes bloques habían logrado un acuerdo para revertir la decisión del Presidente.
La Justicia, por su parte, ya se había pronunciado sobre el tema. Un juez federal declaró la inconstitucionalidad del veto, argumentando que el derecho de los niños y niñas con discapacidad a recibir atención médica y terapéutica prevalece sobre las restricciones presupuestarias. Este fallo judicial refuerza la presión sobre el Gobierno para encontrar una solución que no comprometa la atención de una población vulnerable.
El desenlace de esta situación definirá no solo el futuro de las prestaciones por discapacidad, sino también el equilibrio de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en Argentina.