Explotación
En el hogar, situado en la calle 1552 y Vía Muerta, de la localidad de La Capilla, los niños eran obligados a juntar con carretillas las heces y desperdicios de 31 perros y dos caballos, alimentar a los animales y encargarse de la limpieza de las casas y del mobiliario del lugar, muchas veces sin supervisión adulta adecuada y en condiciones consideradas peligrosas para menores.
Sin alimento y a la intemperie
La investigación también determinó que, si los chicos se resistían a cumplir con esas actividades, podían ser privados de alimento o expulsados al exterior durante jornadas de frío o durante la noche.
Vivían episodios de violencia, como golpes con objetos contundentes.
Además, se detectaron condiciones de hacinamiento, suciedad, alimentación deficiente y falta de higiene. En algunos casos, los chicos dormían en colecho con perros y trabajaban cuando estaban enfermos, sin recibir atención médica adecuada.
Asimismo, los menores tenían prohibido mantener contacto con vecinos o con personas ajenas al lugar para evitar que contaran lo que ocurría.
No concurrían regularmente a la escuela, lo que implicaba una afectación directa de sus derechos a la educación y a la salud.
Allanamiento y detenciones
El área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, a cargo del Subcomisario Matías Giménez, allanó el lugar e incautó computadoras y celulares, además de arrestar a las acusadas. También se secuestró documentación de interés. Todos los chicos supuestamente damnificados se encuentran identificados con nombre y apellido.
Las dos responsables del hogar fueron indagadas por el fiscal Ichazo, pero se negaron a declarar. Ambas continúan detenidas mientras sus abogados solicitaron la excarcelación.
Encubrimiento
En paralelo, se investiga un posible hecho de encubrimiento agravado. Otras dos mujeres, identificadas también en la causa, “se valieron de su condición de funcionarias públicas del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza” para proteger a las dueñas del lugar, asevera otro documento.
La “información privilegiada” que recibían de la Dirección Provincial de Coordinación de Servicios Zonales y Locales habría sido utilizada para alertar a las dueñas del lugar de inspecciones judiciales que se realizaron en el lugar el 26 febrero último.
Una de las funcionarias, según la acusación, habría alertado por WhatsApp a una de las detenidas para que “pudiese eliminar toda evidencia que pudiese existir de explotación servil infantil practicada en el lugar y pudiese acondicionar el mismo previo al allanamiento, para ocultar las condiciones de vida en que las víctimas eran explotadas, incluso indicándole el punto de encuentro de la reunión operativa previa al procedimiento y retransmitiéndole con detalles la presencia del personal policial“.
En enero de 2023, el hogar fue noticia cuando internos de la Unidad Penal 54 de Florencio Varela donaron juguetes y muebles infantiles que habían restaurado con sus propias manos. En ese momento, se informó que en el lugar vivían 11 menores de entre 2 y 14 años.