El Gobierno dio un paso clave en su estrategia para atraer los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el Ejecutivo puso en funcionamiento un esquema permanente que permite utilizar ahorros no declarados sin enfrentar revisiones fiscales sobre el pasado, siempre que se tribute desde ahora en adelante.
La medida oficializa un cambio de enfoque en la política tributaria: deja atrás la presunción de evasión y concentra los controles en los ingresos futuros. El eje es el Régimen Simplificado de Ganancias, un sistema voluntario que limita el alcance de las fiscalizaciones y activa un “tapón fiscal” que clausura eventuales reclamos administrativos y penales por períodos anteriores.
Bajo este régimen, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sólo verificará los ingresos declarados y las deducciones permitidas, sin analizar patrimonio, consumos personales ni el origen histórico de los fondos. El beneficio alcanza a personas humanas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y un patrimonio de hasta $10.000 millones, con excepción de unos 900 grandes contribuyentes.
El decreto también introduce cambios operativos: eleva los umbrales de reporte bancario, permite ingresar fondos al sistema en el origen o destino de cada operación y flexibiliza el régimen de sanciones, que ahora prioriza avisos previos antes de aplicar multas. En paralelo, se actualizan los montos del Régimen Penal Tributario y se reducen los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores.
El trasfondo es el volumen del ahorro informal. Aunque el último blanqueo superó los US$ 20.000 millones, el Ministerio de Economía estima que aún permanecen fuera del sistema cerca de US$ 200.000 millones. Con esta reglamentación, el Gobierno busca que la regularización deje de ser excepcional y se transforme en una práctica permanente.