Beto Valdez
El negocio del juego en la provincia de Buenos Aires es el verdadero nudo que ata de manos a todo el arco político frente a los escandalosos videos de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
El silencio sepulcral del PRO, el radicalismo y La Libertad Avanza no se debe a que nadie quiere tirar de ese hilo porque implica chocar de frente con muchos intereses cruzados.
Salir a denunciar agresivamente los bolsos de dólares del vestidor significaría dinamitar los negocios y el financiamiento compartido en el juego o en la Legislatura bonaerense como quedó exhibido con el caso Chocolate Rigau.
Los zares de la timba bonaerense no pertenecen a un solo partido; son los financistas transversales que conectan las cajas de la política con el blindaje judicial y mediático.
Daniel Mautone, dueño de los bingos de Chivilcoy y Victoria, ha sido históricamente el principal puente económico de Insaurralde, además de ser el nexo que lo unió con Cirio.
El problema para el PRO bonaerense es que Mautone no opera solo en el peronismo; comparte sociedades y desarrollos inmobiliarios multimillonarios con figuras centrales de la oposición.
Por el otro lado aparece Daniel Angelici, el “Tano”, socio histórico de Mautone en los bingos de Pergamino y Ramallo, y un invitado de honor que se sentó en la mesa principal del casamiento de Insaurralde y Cirio. Angelici es el armador en las sombras y el mayor aportante de campaña de la Unión Cívica Radical y de sectores del PRO de Mauricio Macri.
Cuestionar el origen del dinero termosellado obligaría a auditar las prórrogas de licencias de tragamonedas y el flujo de efectivo que sostiene las estructuras territoriales y los comités opositores en toda la provincia. Ningún radical ni dirigente del PRO va a escupir el asado de quien financia sus armados electorales.
Esta red de complicidades también paraliza a los libertarios por razones de estricta supervivencia institucional.
El entramado del juego y el poder político de Insaurralde se ramifica de manera directa hacia la Universidad de Lomas de Zamora, controlada por Diego Molea. Molea opera en la justicia en alianza directa con Juan Bautista Mahiques.
Para el gobierno nacional de Milei, mantener una relación pacífica con Mahiques y el entorno judicial es un activo vital para avanzar con la designación de jueces y las reformas penales en los tribunales federales.
Atacar las cajas del juego que alimentan a estos operadores congelaría la agenda judicial del oficialismo nacional. En la provincia de Buenos Aires, el juego legal y clandestino funciona como una mesa compartida donde todos los sectores políticos tienen una silla asignada.
Levantar la alfombra de los millones de Insaurralde es inviable también para el armado de LLA ante las recurrentes versiones sobre el supuesto financiamiento que recibió de esas cajas en la campaña de las PASO 2023.