La Policía Federal Argentina recuperó más de 200 documentos históricos vinculados a José de San Martín y otros próceres nacionales que eran ofrecidos a la venta en una subasta por un valor inicial de 100 mil dólares. El operativo se realizó en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de bienes culturales.
Entre las piezas recuperadas se encontraron cartas y documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, además de material vinculado a distintas instituciones públicas argentinas.
La investigación fue llevada adelante por la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina, a través del Departamento Protección del Patrimonio Cultural, en el marco de las políticas impulsadas para combatir el comercio ilegal de bienes históricos y documentales.
Las actuaciones comenzaron a partir de tareas de monitoreo y control sobre sitios de subastas y plataformas de compra y venta online. Durante esos relevamientos, los investigadores detectaron una publicación que ofrecía un lote compuesto por más de 200 documentos de valor histórico.
El conjunto incluía recortes periodísticos, libros, fotografías y documentación vinculada a organismos e instituciones del Estado nacional y provincial. Según las primeras evaluaciones, las características de las piezas permitían presumir que estaban alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección del patrimonio documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.
Los documentos eran comercializados a través de una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires. La oferta despertó las alertas de los especialistas debido a la relevancia histórica del material y a su posible condición de patrimonio protegido.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó una presentación judicial con allanamiento en subsidio para asegurar la preservación de los documentos y evitar su eventual dispersión o comercialización.
Tras el procedimiento, todo el material fue trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial y quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes. Los especialistas deberán determinar ahora el valor histórico y patrimonial de cada pieza, así como su situación legal dentro del sistema de protección documental argentino.