La Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) dependiente del Departamento Judicial de San Isidro reveló la existencia de 251 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización y sin garantías para los usuarios en todo el territorio nacional.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) bloqueó esos 251 sitios que conformaban una red de juego clandestino, que comenzó a ser investigada tras una presentación de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA).
El flagelo de la ludopatía
El fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la UFEIC del Departamento Judicial de San Isidro, destacó la importancia de “articular estrategias con los diferentes actores públicos y privados y en particular con el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires apareciendo como necesaria la misión de todos los intervinientes de aunar esfuerzos en vistas a combatir la ludopatía infantil cuyos nocivos efectos son aumentados por aquellos sitios ilegales ahora neutralizados a partir de la medida aludida cuya operatividad permanentemente debe analizarse avanzando en las acciones respectivas”.
De acuerdo a la investigación judicial, los sitios detectados simulaban operar bajo condiciones de azar, pero en realidad no garantizaban transparencia ni el pago de premios. En muchos casos, los apostadores no podían retirar sus supuestas ganancias, mientras que el dinero terminaba en plataformas clandestinas sin control estatal.
La investigación también advirtió sobre la ausencia de mecanismos de verificación de identidad y edad, lo que facilita el acceso de menores de edad. Esta situación no sólo los expone tempranamente al juego, sino que, en algunos casos, son captados para desempeñarse como “cajeros” de estas redes ilegales, integrándose a esquemas delictivos a cambio de pequeñas comisiones.
Atanasof: “El juego pone en riesgo a los más jóvenes”
El presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof, celebró la medida y recordó la importancia de avanzar en acciones coordinadas entre la Justicia, los organismos de control y el sector privado para combatir el juego ilegal online y proteger a los usuarios.
“El juego ilegal no solo evade controles y recursos para el Estado, sino que además pone en riesgo a los jugadores, especialmente a los más jóvenes, porque no ofrece ninguna garantía de transparencia ni de cobro de premios. Por eso es fundamental seguir fortaleciendo las acciones de bloqueo y concientización”.