El gobierno de Axel Kicillof autorizó a los colegios privados, con subsidio estatal, a aumentar un 6% las cuotas desde noviembre. Si bien la medida busca contener la economía de las familias, encendió alarmas en el sector de la educación privada. Desde AIEPA, advierten que el desfasaje económico acumulado hace insostenible el ciclo lectivo 2027.
Tras el aumento del 6% dado a los docentes -rechazado por la FEB y gremios disidentes- en paritarias, la Dirección General de Escuelas bonaerense dio el visto bueno a las instituciones de gestión privada, que reciben algún tipo de subvención del Estado provincial, a incrementar sus aranceles en dos tramos de 3% para los meses de noviembre y diciembre.
Colegios privados afirman que el desfasaje entre las cuotas y los aumentos docentes son del 25%
La medida tomada por la Dirección General de Escuelas dejó una sensación amarga en los propietarios de los colegios privados. Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) salieron rápido a cruzar la letra chica del anuncio hecho por el gobierno de Kicillof.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, sostuvo que la mecánica utilizada por el Gobierno bonaerense para autorizar los aumentos de las cuotas de los colegios privados funciona como un salvavidas de plomo: “Los aumentos docentes se pagan hoy, pero las cuotas recién se actualizan al mes siguiente”, graficó el representante de las instituciones educativas de gestión privada.
El sistema prohíbe taxativamente aplicar aumentos retroactivos. Esto genera un bache estructural entre los acuerdos salariales con docentes en paritarias, de las cuales no participan los representantes patronales por las escuelas de gestión privada, con el costo financiero del desfasaje que recae sobre la contabilidad de los establecimientos educativos privados.
«Anteriormente, no se han reconocido los mayores costos que debieron afrontar los colegios al financiar con recursos propios los aumentos salariales acordados en paritarias, ya que las actualizaciones arancelarias se han autorizado con posterioridad a su aplicación», advirtió Martín Zurita.
Según los números del sector, el dinero que los colegios pierden en el camino equivale nada menos que al 25% de la recaudación de una cuota mensual completa.
La pesadilla de los meses de verano
El problema principal no radica solo en cómo cerrar la liquidación de diciembre, sino en cómo sobrevivir a los noventa días posteriores. Durante enero y febrero las escuelas no perciben ingresos por aranceles mensuales, pero deben hacer frente al pago de salarios, aguinaldo y los reajustes paritarios que la provincia acostumbra definir a comienzos de año.
El antecedente del receso pasado dejó profundas cicatrices en los balances de los colegios privados. Durante el verano anterior, el Gobierno bonaerense decretó aumentos docentes del 1% en diciembre (impactando directo en el aguinaldo), 2% en enero y 1,5% en febrero. Ninguno de esos incrementos salariales contó con autorización para ser trasladado a las cuotas vigentes ni contó con compensación posterior.
Por este motivo, desde el Secretario Ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita dijo: «No existe previsión sobre los montos que podrán cobrarse durante el verano. Es posible que se dispongan nuevos aumentos salariales en enero o febrero de 2027, pero no se autorizan incrementos a cuenta en el arancel de diciembre, que es la última cuota que cobran los colegios».
¿Peligra el dictado de clases en 2027 en los colegios privados?
«Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria», resumió Zurita, dejando en claro que la ecuación actual no cierra para cientos de pymes educativas que sostienen gran parte del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires.
El reclamo central de la educación de gestión privada exige revisar con urgencia la fórmula de ajuste para que los valores arancelarios se muevan en simultáneo con las paritarias docentes. Sin esa sinergia, advierten que el modelo actual ahoga la previsibilidad del sector y traslada tensiones financieras a las puertas de cada nuevo ciclo lectivo.
La pelota queda ahora del lado del Gobierno provincial, que deberá definir si atiende el reclamo de los colegios privados o si mantiene este esquema de parches que, año a año, desfinancia a los establecimientos educativos de gestión privada.