El tribunal, integrado por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, anuló la medida dispuesta el 18 de julio por la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto. Aquella resolución había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 19° inciso 2 y 12 del Código Penal, junto con el artículo 3 inciso “e” del Código Nacional Electoral, que prevén la inhabilitación absoluta y la exclusión del padrón para personas condenadas por delitos dolosos.
La CNE fundamentó su fallo en dos antecedentes de la Corte Suprema: el caso “Procuración Penitenciaria” y el caso “Orazi”. En el primero, el máximo tribunal había declarado la inconstitucionalidad de las restricciones automáticas, pero había requerido al Congreso revisar la reglamentación vigente sobre el derecho de sufragio de personas condenadas. En el segundo, la Corte señaló que no correspondía habilitar de manera genérica a quienes tienen condena, sino que debían cumplirse “condiciones mínimas”.
De acuerdo con la Cámara, esas condiciones no fueron observadas en la resolución de Borruto. En primer lugar, el planteo debía surgir de un caso concreto instado por el interesado o por el Ministerio Público, y no dictarse de oficio. En segundo lugar, debía verificarse la viabilidad jurídica y fáctica de votar, en función del tipo y la naturaleza del delito que motivó la condena.
Al no cumplirse ninguno de esos requisitos, la CNE resolvió revocar la habilitación y dejó a Cristina Kirchner fuera del padrón.