En medio de la escalada de tensión por el tratamiento legislativo de la reforma laboral, el Gobierno nacional anticipó que les descontará la jornada a los empleados públicos que se adhieran al paro convocado por la CGT para el día en que Diputados debata el proyecto.
La advertencia fue transmitida por altas fuentes de la Casa Rosada, que sostuvieron que la medida se aplicará a quienes no concurran a sus puestos de trabajo o interrumpan sus tareas durante la huelga. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló un funcionario del Ejecutivo.
El oficialismo busca obtener dictamen en comisiones para llevar la iniciativa al recinto esta misma semana. De concretarse ese escenario, la central obrera llevará adelante una nueva huelga nacional, que contará con adhesión de sindicatos estatales y también de los gremios del transporte, por lo que no habrá colectivos, trenes, subtes ni vuelos comerciales durante la jornada.
En el Gobierno reconocen que el principal desafío será garantizar el funcionamiento de la administración pública pese a la paralización del transporte. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, afirmó un alto funcionario libertario en diálogo con Infobae al referirse a la logística prevista para ese día.
Dentro del sector público, la postura sindical no es uniforme. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Andrés Rodríguez, confirmó la adhesión al paro general pero no participará de movilizaciones. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a marchar al Congreso durante el debate parlamentario.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que la decisión apunta a mantener presión en la calle durante la discusión legislativa. “No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados ahora puedan actuar con mayor facilidad de la que actuaron los senadores”, sostuvo.
Por su parte, Rodríguez defendió la medida de fuerza y aseguró que “el principal motivo” del paro “es que el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. El dirigente también remarcó que existen varios artículos que generan preocupación entre los trabajadores, más allá del capítulo de licencias médicas.
Precisamente, la polémica por la reducción del régimen de licencias fue el detonante del conflicto. Tras las críticas sindicales y el impacto político del debate, el Ejecutivo decidió introducir cambios en ese punto de la iniciativa.
Sin embargo, el sindicalismo mantiene la convocatoria y cuestiona otros aspectos de la denominada modernización laboral, como la ultraactividad de los convenios o las condiciones para realizar asambleas en los lugares de trabajo.
A la presión gremial se suma la paralización del transporte. El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, anticipó que la medida será total: “Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”.
La dinámica del paro también generó internas dentro del sindicalismo. Desde sectores más duros reclaman profundizar las acciones. El jefe de la UOM Córdoba, Rubén Urbano, criticó a la conducción cegetista: “No nos sirve un paro dominguero, un paro matero en estos momentos cruciales. No se trata de un acuerdo salarial, sino de algo gravísimo como quitar todas las leyes y derechos que tenemos los trabajadores”.
Mientras el Congreso se prepara para un debate clave, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y los gremios suma un nuevo capítulo: el Gobierno ratifica que no pagará la jornada no trabajada y los sindicatos responden con la amenaza de paralizar gran parte del país.