La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Familia de Lomas de Zamora Sala I revocó una decisión de primera instancia y habilitó que continúe el juicio iniciado por la Municipalidad de Lanús contra Exolgan S.A. por presuntos daños a la red vial municipal causados por el tránsito pesado vinculado a la actividad portuaria.
El tribunal declaró competente al Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Avellaneda-Lanús para continuar con el expediente, que tramita como acción por daños y perjuicios extracontractuales. Al mismo tiempo, rechazó el intento de intervención del Juzgado Federal de Quilmes, aunque ordenó formar un incidente de competencia que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El expediente se inició el viernes 6 de marzo.
La demanda municipal sostiene que el intenso flujo de camiones asociado al Puerto Dock Sud provoca deterioro en calles y avenidas del distrito. En el expediente se incorporaron informes técnicos que estiman que el 39,45 % del tránsito pesado que circula por Lanús tiene origen o destino en Exolgan, una de las principales terminales de contenedores del área metropolitana.
La comuna también advirtió que la reconstrucción y ampliación del muelle N.º 1 de la terminal podría incrementar en torno al 33 % la capacidad operativa, lo que implicaría un aumento del flujo de camiones hacia el puerto.
Sin embargo, la Cámara no ordenó paralizar la obra, pero abrió la puerta para discutirlo en un futuro. En lugar de ello, concedió una medida cautelar limitada y dispuso requerir documentación e informes al Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, a la Provincia de Buenos Aires y a la propia empresa sobre los estudios de impacto del tránsito pesado y las eventuales medidas de mitigación.
Los organismos y la empresa tendrán 20 días para presentar la información solicitada. Con esos datos, el juzgado de primera instancia deberá evaluar si corresponde adoptar nuevas medidas mientras avanza el proceso judicial. El incidente se ordenó conformar este viernes 6 de marzo.
Cabe mencionar que el debate judicial en torno al caso tiene dos expedientes grandes reservados (que no son públicos) y 13 pendrives en los que se almacena toda la documentación.
