La conducción política de La Libertad Avanza reclama señales concretas de recuperación antes de las elecciones. La titular del FMI se habría marchado de Buenos Aires convencida de que Milei mantendrá el rumbo, pero también de que el respaldo interno al programa es menor del que presenta la Casa Rosada.
El ordenamiento de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación siguen siendo las principales cartas que exhibe el Gobierno. Sin embargo, dentro de La Libertad Avanza comenzó a crecer una inquietud que hasta hace poco se expresaba solamente fuera de la administración: la recuperación macroeconómica todavía no se traduce con claridad en salarios, consumo, empleo y actividad industrial.
Por primera vez desde el comienzo de la gestión, Luis Caputo enfrenta cuestionamientos provenientes del sector político del oficialismo. Nadie plantea su salida del Ministerio de Economía ni propone abandonar el programa, pero existe impaciencia por la ausencia de una mejora perceptible en la vida cotidiana.
El interrogante comenzó a instalarse dentro de la Casa Rosada: ¿alcanzará la estabilidad macroeconómica para sostener el proyecto político si la recuperación no llega a los hogares?
La preocupación electoral
Las advertencias provienen principalmente del sector que responde a Karina Milei y de dirigentes con responsabilidad territorial.
Diego Santilli habría sido uno de los primeros en llevar el problema a la mesa política. Su preocupación se concentra en la provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano, donde el deterioro del poder adquisitivo, la debilidad del consumo y las dificultades laborales pueden convertirse en obstáculos para el oficialismo.
Planteos similares llegaron desde gobernadores aliados. Entre Ríos enfrenta problemas de actividad; Mendoza atraviesa una delicada situación en la industria vitivinícola, y mandatarios del norte también transmiten inquietud por el impacto social del ajuste y la falta de una reactivación suficientemente extendida.
Para el sector político, la ecuación es sencilla: si Javier Milei pretende obtener la reelección, la economía deberá producir una mejora concreta antes de que comience plenamente el calendario electoral.
El temor tiene un antecedente cercano. En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, los sectores políticos de Cambiemos también esperaban que los resultados del programa económico alcanzaran a la clase media y a los trabajadores. Esa recuperación no llegó y la coalición perdió las elecciones del año siguiente.
Caputo y una promesa que todavía no se observa
A comienzos de abril, Luis Caputo pronosticó que los siguientes 18 meses serían los mejores que la Argentina habría vivido en décadas.
Cuatro meses después, la promesa todavía no encuentra una confirmación indiscutible en la economía cotidiana. El salario continúa bajo presión, el consumo se mantiene débil, el empleo muestra dificultades y numerosos sectores industriales trabajan por debajo de su capacidad.
Desde el Gobierno sostienen que el orden macroeconómico necesita tiempo para extenderse al conjunto de la actividad. Sin embargo, los dirigentes que recorren las provincias advierten que el tiempo económico no siempre coincide con el tiempo político.
En la conducción oficialista comienza a delinearse una diferencia entre dos sensibilidades. Por un lado, los pragmáticos, concentrados en la construcción electoral y encabezados políticamente por Karina Milei. Por otro, los funcionarios más identificados con la aplicación estricta del programa, entre ellos Caputo, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger.
No se trata todavía de una ruptura, sino de una discusión sobre los ritmos, los costos y la necesidad de ofrecer algún alivio sin comprometer el equilibrio fiscal.
Una semana difícil para Sturzenegger
Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de la desregulación económica, quedó en el centro de varias controversias.
El conflicto con los prácticos portuarios fue uno de los episodios más graves. Una decisión regulatoria provocó la paralización de puertos y generó preocupación entre petroleras, cerealeras y empresas vinculadas al comercio exterior.
De acuerdo con versiones surgidas dentro del sector empresario, las compañías consideraban que la implementación de la medida podía ocasionar un daño superior al problema que pretendía resolver.
Sturzenegger habría reclamado públicamente el respaldo de las empresas, mientras varios ejecutivos buscaban la intervención de otros funcionarios para encauzar el conflicto.
Uno de los puntos más delicados fue la posibilidad de que personal de Prefectura reemplazara a los prácticos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se habría resistido a utilizar a la fuerza para cumplir una tarea que requiere conocimientos técnicos, habilitaciones y experiencia específica.
Finalmente, el presidente de YPF, Horacio Marín, habría transmitido directamente a Javier Milei la dimensión del problema. Después de esa intervención, el Presidente ordenó buscar un acuerdo y normalizar la actividad.
La marcha atrás expuso una diferencia dentro del gabinete: la voluntad de avanzar rápidamente con las reformas chocó con las consecuencias prácticas de una aplicación que no había logrado suficiente coordinación.
El traspié por las tierras
El segundo revés fue político.
El Gobierno pretendía ampliar del 15 al 25 por ciento el límite permitido para la propiedad extranjera de tierras y flexibilizar otras restricciones. La iniciativa generó rechazo social, resistencia entre los gobernadores y pérdida de apoyo en la oposición dialoguista.
Patricia Bullrich intentó negociar una salida, pero el oficialismo terminó retirando el capítulo para evitar que toda la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada naufragara en el Senado.
La propuesta tocó una sensibilidad histórica argentina: la relación entre territorio, soberanía y control de los recursos naturales.
El canciller Pablo Quirno contribuyó a la controversia al defender, en términos extremos, la posibilidad de que capitales extranjeros compraran grandes extensiones territoriales. Sus expresiones fueron interpretadas como una muestra de que el Gobierno había subestimado la dimensión política y simbólica del tema.
La combinación de la crisis portuaria y la derrota en la discusión sobre las tierras debilitó, al menos momentáneamente, la posición de los sectores más dogmáticos de la administración.
Lo que Georgieva escuchó en Buenos Aires
La visita de Kristalina Georgieva tuvo una agenda pública, pero también incluyó encuentros reservados con representantes del sector empresario.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional se habría retirado con dos conclusiones.
La primera es que Javier Milei mantiene la determinación de continuar con el programa económico y cumplir las obligaciones financieras.
La segunda resulta más incómoda para el Gobierno: el consenso político y social alrededor de ese programa sería menor del que la Casa Rosada transmite en sus conversaciones con Washington.
En las reuniones, los empresarios reconocieron avances en materia fiscal y en la reducción de la inflación. Sin embargo, no todos compartieron el mismo entusiasmo sobre la marcha de la actividad.
Algunos ejecutivos afirmaron que la reactivación del consumo ya comenzó. Otros alertaron sobre el crecimiento de la mora bancaria, la interrupción de cadenas de pagos y la debilidad persistente de la economía productiva.
También aparecieron críticas a la estrategia política. Una de las principales observaciones fue que las reformas económicas necesitan acuerdos más amplios para sostenerse en el tiempo. Sin consensos legislativos, provinciales y sociales, cualquier cambio puede quedar expuesto a una reversión futura.
Georgieva escuchó esas diferencias y habría pedido al empresariado que contribuya a construir respaldo político para mantener el rumbo.
Sin nuevos fondos
La declaración más importante de la titular del FMI fue que la Argentina no necesita un préstamo adicional.
La frase funcionó como una señal de respaldo al programa, pero al mismo tiempo cerró —al menos por ahora— la posibilidad de una nueva asistencia financiera.
Versiones políticas indican que Economía había explorado una ampliación cercana a los 6.000 millones de dólares. Ese pedido no obtuvo una respuesta favorable.
La posición de Georgieva también debe interpretarse dentro de las tensiones del propio Fondo. La Argentina continúa siendo el principal deudor del organismo y algunos directores mantienen reparos sobre la exposición asumida y la capacidad del país para cumplir sus compromisos.
La visita permitió verificar personalmente que Milei no piensa alterar el rumbo. Pero también habría demostrado que la estabilidad todavía convive con fragilidades productivas, sociales y políticas.
La economía y el consenso
El debate interno ya no gira únicamente alrededor del déficit, las reservas o la inflación. El verdadero desafío es transformar el orden macroeconómico en una mejora capaz de ser reconocida por la población.
Caputo necesita demostrar que la estabilidad puede llegar al salario, el empleo y el consumo. Sturzenegger enfrenta el desafío de evitar que la velocidad de las reformas produzca conflictos que terminen debilitando al propio Gobierno. Y el ala política reclama instrumentos que permitan llegar a las elecciones con algo más que indicadores fiscales favorables.
En ese contexto, la futura visita del papa León XIV puede convertirse en otro punto de presión. Empresarios y sindicalistas estarían trabajando en un documento socioeconómico crítico para entregarle al pontífice, con un diagnóstico sobre pobreza, empleo, producción y cohesión social.
El Gobierno insiste en que el camino elegido es el correcto. Georgieva parece haber reconocido esa determinación. Pero su paso por Buenos Aires también dejó una advertencia: ningún programa económico se consolida solamente con equilibrio fiscal.
La estabilidad necesita inversión, producción y empleo. Pero, sobre todo, necesita tiempo político y un grado de consenso que la Casa Rosada todavía no parece haber construido.