La detención de Cristina Fernández de Kirchner ya tiene fecha y lugar. El Tribunal Oral Federal N.º 2, que la condenó a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad, envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Ciudad de Buenos Aires solicitando el despliegue de un operativo especial para garantizar el arresto de la ex mandataria y el desarrollo de una masiva marcha convocada hacia los tribunales de Comodoro Py.
La solicitud fue firmada por el juez Jorge Gorini y fue dirigida a la ministra nacional Patricia Bullrich, al titular de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y también a la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene jurisdicción sobre el edificio judicial ubicado en Retiro. El operativo debe garantizar tanto el traslado de los nueve condenados en la causa como el eventual alojamiento de Cristina Kirchner en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.
La expresidenta tiene plazo hasta el miércoles para presentarse voluntariamente, de acuerdo con lo dispuesto por el tribunal tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena. Desde su entorno confirmaron que asistirá ese mismo día a Comodoro Py, en el marco de una movilización impulsada por La Cámpora, el peronismo, sindicatos y distintos dirigentes políticos.
En paralelo, la defensa de Kirchner solicitó que se le conceda la prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Monserrat, argumentando su edad, su rol como ex jefa de Estado y el intento de magnicidio que sufrió en 2022. También pidió que no se le imponga una tobillera electrónica.
Desde el jueves pasado, el tribunal trabaja en coordinación con el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad para definir tanto la logística del operativo como los posibles lugares alternativos de detención. Según trascendió, el Gobierno nacional presentó una serie de domicilios disponibles —cuya ubicación permanece en reserva bajo sobre cerrado— en caso de que se rechace la domiciliaria.
La decisión de si se concede el arresto en su casa o se traslada a una unidad especial depende ahora del dictamen que presentarán mañana los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes se oponen a la prisión domiciliaria y ya habían solicitado su inmediata detención al momento de confirmarse la condena.
El Gobierno de Javier Milei, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, manifestó su preferencia por evitar que la exvicepresidenta sea notificada presencialmente, por temor a que el acto derive en tensión social.
“No va a generar nada positivo que Cristina Kirchner tenga que ir a los tribunales. Sería preferible que sea notificada por vía electrónica o por su abogado”, afirmó Francos en declaraciones televisivas.
Sin embargo, el tribunal mantiene hasta ahora su decisión de que todos los condenados, incluida Kirchner, deben presentarse en persona “sin excepciones”. La marcha prevista para el miércoles, que partirá desde su domicilio hasta Comodoro Py, ya cuenta con una organización que incluye columnas políticas, sociales y gremiales, lo que anticipa un fuerte despliegue policial para evitar incidentes.