El Tribunal Oral Federal 2, encargado de supervisar la ejecución de la pena de Cristina Kirchner, ordenó nuevas restricciones y permisos para su régimen de prisión domiciliaria en el edificio de San José 1111.
Entre las medidas más destacadas, la Justicia decidió limitar el ingreso irrestricto de letrados y contadores, quienes ahora deberán acreditar formalmente su rol. Según el tribunal, el objetivo es evitar que el domicilio funcione como una oficina política.
La resolución también incluyó la designación de un médico coordinador para centralizar la información sobre su estado de salud, tras detectar que la exmandataria recibía a diversos profesionales médicos sin un registro unificado.
Esta medida busca un control más riguroso sobre las personas que acceden al departamento. Asimismo, el tribunal mantuvo la vigilancia a través de la tobillera electrónica, cuya señal es monitoreada por la Dirección de Asistencia a Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE).
En cuanto a las condiciones de esparcimiento, el TOF 2 otorgó una autorización parcial para que la exvicepresidenta pueda acceder a espacios abiertos del edificio. Específicamente, se le permitió subir “dos horas por día a la terraza del edificio de San José 1111”, donde cumple su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad.
El endurecimiento del régimen de visitas se profundizó luego de que el tribunal considerara que la exmandataria “incumplió las condiciones” al organizar reuniones multitudinarias no autorizadas, como un encuentro reciente con nueve economistas.
Bajo las nuevas reglas, cualquier persona fuera del núcleo familiar o el listado oficial requiere un permiso previo, y se estableció que las reuniones “no podrán durar más de dos horas, solo podrán realizarse dos veces por semana y no podrán participar más de tres personas”.
Finalmente, la Justicia advirtió que cualquier infracción a estas pautas de conducta podría poner en riesgo la continuidad del beneficio. El tribunal fue enfático al señalar que el incumplimiento de estas restricciones “podría derivar en la revocación de la prisión domiciliaria” y el consecuente traslado a un establecimiento penitenciario federal.