Escrito por Hugo Alconada Mon
El reloj comenzó a correr en Estados Unidos para Federico “Fred” Machado, el empresario argentino ligado al diputado oficialista José Luis Espert.
La justicia federal de ese país le comunicó que tiene cinco semanas para acogerse a un acuerdo de cooperación con la fiscalía, entregarle información y declararse culpable con la esperanza de, así, obtener una reducción de su eventual condena por los presuntos delitos de narcotráfico, estafa y lavado de activos.
El juez federal con asiento en Texas, Bill Davis, le dio plazo a Machado hasta las 16 horas del lunes 15 de diciembre para comunicarle su decisión, sea por e-mail, fax o nota manuscrita. A partir de ese momento, según consta en la Orden Previa al Juicio (Pretrial Order), no aceptará un planteo de ese tipo “y el acusado no recibirá una reducción de puntos [para el cálculo de la pena] por aceptar su responsabilidad” según el sistema de guías federales de sentencia que rige en Estados Unidos.
Machado deberá ahora evaluar los pasos a seguir en Estados Unidos. Puede reafirmar su inocencia, en cuyo caso afrontará un juicio por jurados el año próximo, o puede negociar una reducción de la pena con la fiscalía, que podría ser aún menor si entrega información que los investigadores consideren valiosa o acepta declarar contra terceros de relevancia.
Machado se encuentra ahora detenido en el Centro de Detención del condado de Fannin tras ser extraditado la semana pasada desde la Argentina. Estuvo cuatro años bajo arresto domiciliario, mientras la justicia local definía si lo deportaba a Estados Unidos para ser juzgado por los mismos cargos que llevaron a su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, a afrontar una condena de 16 años de prisión en una cárcel federal.
Mercer-Erwin fue hallada culpable de los delitos de fraude y lavado de activos. Su sentencia representa una amenaza directa para Machado, cuyo papel complementario -proveyendo el capital y los supuestos clientes vinculados al narcotráfico- fue esencial en la operación, según argumenta la fiscalía.
El juez Davis también le comunicó a Machado y a la fiscalía las pautas y plazos que deberán respetar en sus presentaciones, con la premisa de iniciar un juicio por jurados el año próximo si acusadores y acusado no llegan a un acuerdo durante las próximas cinco semanas o solicitan una prórroga de ese plazo.
El proceso judicial en Estados Unidos contra Machado y su socia comenzó en 2020, cuando el argentino fue detenido, aunque fue liberado bajo fianza, oportunidad que aprovechó para escapar a la Argentina, donde tejió un trato frecuente y estrecho con Espert, el economista que por entonces candidato a presidente.
La acusación contra Machado y su socia sostiene que ambos montaron una red de lavado de activos y fraude corporativo a través de compraventas de aeronaves. Y Machado recurrió a un entramado de sociedades de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para sus operaciones con jets y helicópteros, canalizando millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Entre las evidencias que aportó la fiscalía se encuentran documentos contables del Bank of America (BoA), en los que Espert figura como el beneficiario final de una transferencia internacional por US$200.000 vinculada a Machado. La transferencia no fue anulada; el registro bancario indica que la orden de pago fue “válida y efectiva” y terminó su recorrido en una cuenta vinculada a Espert.
La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental.
El juez Davis también comunicó a las partes que la audiencia previa al juicio (pretrial conference) será el 9 de enero, en tanto que los abogados de Machado interpusieron una “moción de emergencia”, el viernes, solicitando que el Servicio de Alguaciles garantizara el suministro inmediato de medicación a su cliente.
En su escrito, los letrados de Machado sostuvieron que la situación es grave, citando a su médico tratante en la Argentina, quien advirtió que la falta de la medicación por más de 24 horas lo exponía a “riesgos significativos de salud, incluyendo un infarto o, incluso, la muerte”. Ante la emergencia, la Corte ordenó que se confirmara la administración de los medicamentos en la cárcel o que fuera trasladado a un centro médico adecuado.