La situación judicial de Jorge D’Onofrio sumó un nuevo revés este martes luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario presentado por su defensa y dejara firme el procesamiento en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al sistema de fotomultas y la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Con esta decisión, el máximo tribunal penal del país confirmó el avance de la investigación judicial, aunque al exfuncionario todavía le queda la posibilidad de acudir mediante una queja ante la Corte Suprema de Justicia.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024, donde se expuso un supuesto entramado de irregularidades dentro del sistema de infracciones de tránsito bonaerense. Según la investigación, D’Onofrio habría integrado una estructura junto a Claudia Pombo para desviar fondos provenientes de multas y contratos relacionados con la VTV.
La pesquisa quedó a cargo del juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los involucrados para reconstruir el movimiento patrimonial de los acusados.
Los investigadores buscan determinar si desde diciembre de 2021 los imputados incrementaron su patrimonio de manera ilegal, ya sea de forma directa o mediante terceros utilizados como testaferros.
Uno de los episodios centrales de la causa gira alrededor de la compra de una camioneta Audi Q8 por parte de Facundo Asensio. Según el expediente, el vehículo fue adquirido por $30 millones, aunque su valor asegurado superaba ampliamente esa cifra y alcanzaba más de $170 millones.
La Justicia considera que existen inconsistencias entre el valor declarado y la operación realizada. Además, se investiga un contrato de mutuo firmado con una empresa familiar que no tendría actividad económica comprobada ni respaldo financiero suficiente.
De acuerdo con la investigación, aunque la camioneta figuraba a nombre de Asensio, el uso habitual del vehículo habría correspondido a D’Onofrio. Entre los elementos analizados aparecen autorizaciones de manejo y pagos de telepeaje vinculados al exministro.
Ante el juez, el también empresario negó haber sido propietario del vehículo y aseguró que solo lo manejó “una vez”. También reconoció haber tenido autorización para conducirlo, aunque intentó justificar esa situación por motivos de confianza personal con Asensio.
Para el magistrado, las explicaciones ofrecidas por ambos imputados resultaron inconsistentes y compatibles con una maniobra de ocultamiento patrimonial. En ese marco, la resolución judicial habló de un “típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”.
La investigación también puso el foco sobre una presunta red de gestores que operaba con infracciones de tránsito. Según el expediente, intermediarios contactaban a conductores con multas y ofrecían reducir o eliminar las deudas a cambio de pagos por fuera de los mecanismos oficiales.
En paralelo, también se analizan supuestas irregularidades en licitaciones vinculadas al sistema de VTV en distintos municipios bonaerenses.
D’Onofrio había renunciado al Ministerio de Transporte bonaerense a fines de 2024, en medio del creciente desgaste político y judicial provocado por la causa. Su salida se produjo semanas después de que avanzaran distintas medidas judiciales sobre su patrimonio y el de su entorno.
En marzo de este año, la Cámara Federal de San Martín ya había confirmado el procesamiento del exfuncionario y dispuesto un embargo millonario sobre sus bienes. Ahora, la Sala II de Casación —integrada por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar— rechazó el nuevo intento de la defensa.
Los camaristas consideraron que el planteo no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar una instancia extraordinaria y señalaron que no existía una cuestión federal debidamente fundamentada.