reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, «se reglamente y promulgue como corresponde».
El legislador de Unión por la Patria hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control específico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.
Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”. “No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.
A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría. Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.
También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas. “De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.
Por su parte, Christian “Chipi” Castillo (Frente de Izquierda) valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente. El referente del PTS cargó contra el «recorte discrecional de las pensiones» y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”. También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que “no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, Íntimo del entorno presidencial».
Carla Carrizo (Democracia para Siempre) celebró «el avance» aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría. “Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes ”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge. “Celebro este avance. Es un proyecto que surge para poder separar la ANDIS del Poder Ejecutivo, porque los Ejecutivos no garantizan transparencia en la Argentina”, indicó.
Sabrina Selva (Unión por la Patria) justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen ”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis. “La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó. La diputada massista aclaró que el interés de Unión por la Patria “no es darle herramientas a un gobierno, y menos a uno que gobierna de espaldas a los argentinos” sino “darles herramientas a esas personas con discapacidad que necesitan una agencia transparente, que funcione, que de respuestas, en la que tengan participación”.
Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza, que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”. “ Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.
El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos.
“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.
El proyecto de Juan Marino
La comisión directiva que propone Marino está compuesta por siete miembros con mandato de cuatro años no prorrogable, donde el presidente (rango de secretario de Estado) y vicepresidente (rango de subsecretario de Estado) son designados a instancias del Poder Ejecutivo.
Otros dos vocales son designados por el COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad) y los restantes tres surgen de las propias organizaciones de la sociedad civil representativas del sector de discapacidad, y son designados mediante la votación en una asamblea organizada por ANDIS. La Comisión Directiva estará habilitada para sesionar con cinco de los siete miembros y podrá tomar decisiones con mayoría absoluta (tres votos), con la excepción de una serie de medidas que requieren de cinco votos.
En cuanto el financiamiento, se prevé la utilización de partidas presupuestarias, en tanto que el plazo de implementación es de 180 días desde la promulgación de la ley.
Entre las funciones listadas en el proyecto se encuentran la aprobación del Plan Estratégico anual de Discapacidad, la supervisión de programas (incluido el Incluir Salud, el FONADIS y pensiones no contributivas por invalidez), la aprobación de licitaciones y contrataciones de bienes y servicios) y el dictado de reglamentos internos de transparencia y protocolos de prevención de la corrupción.
Como parte de la política de transparencia, la comisión directiva tendrá la obligación de publicar un tablero trimestral de datos abiertos que incluye la ejecución presupuestaria, las transferencias y pagos a prestadores, altas, bajas y prestaciones de Incluir Salud, los listados de espera y tiempos de resolución de trámites, y la gestión de reclamos.