La recaudación tributaria de marzo volvió a encender señales de alerta sobre la marcha de la economía: si bien los ingresos del Estado nacional crecieron en términos nominales, volvieron a quedar por detrás de la inflación y reflejan el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y la desaceleración de la actividad.
El cuadro se completa con los recursos de la Seguridad Social, que ascendieron a $4,4 billones con una suba del 28,5%, impulsados por los salarios formales. Sin embargo, este crecimiento también quedó rezagado frente a la inflación, en un contexto donde el deterioro del ingreso real limita tanto el consumo como la capacidad contributiva.
En contrapartida, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”, fue uno de los pocos que logró ubicarse por encima de la inflación, con un alza del 38,4%. Aun así, este dato aislado no logra revertir la tendencia general de desaceleración.
El contexto
Más allá de los números, el trasfondo económico explica buena parte de los resultados. La persistencia de la inflación, que se mantiene en torno al 3% mensual sin perforar el umbral del 1% proyectado oficialmente, junto con los aumentos sostenidos en tarifas, transporte y servicios de salud, impacta de lleno en el bolsillo de los contribuyentes. En ese escenario, el ajuste del gasto en los hogares termina repercutiendo también en la recaudación.
Este fenómeno tiene además un efecto en cadena sobre las provincias y municipios. La menor recaudación nacional, sumada a las tensiones en la transferencia de fondos coparticipables, reduce los recursos disponibles en los niveles subnacionales. Esto cobra especial relevancia en los distritos, donde los gobiernos locales suelen ser la primera instancia de respuesta ante el aumento de la demanda social.