Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires busca que las estaciones de servicio informen al Gobierno con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios de los combustibles, y que los incrementos se publiquen en la cartelería para el público 48 horas antes de su entrada en vigencia.
La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), también prevé sanciones severas para las empresas que no cumplan: multas, suspensiones y clausuras, calculadas en litros de nafta súper, dependiendo si se trata de petroleras o estaciones de servicio.
Rechazo de los empresarios
La propuesta generó un fuerte rechazo de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Ambas entidades enviaron cartas al Legislativo bonaerense, alertando sobre los riesgos operativos, duplicación normativa y daño a la competencia.
Según FECRA, que representa a unas 500 pymes operadoras, anticipar los cambios podría generar picos de demanda y desabastecimiento, además de confusión entre consumidores y empleados. La federación señaló que las empresas no son formadoras de precios y que algunas petroleras aplican esquemas de precios variables durante el día, algo incompatible con la obligación de informar con 72 horas de antelación.
Por su parte, la UIPBA criticó la duplicación normativa respecto de leyes nacionales ya vigentes, como la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia. Advirtieron que la obligatoriedad de publicar precios anticipadamente podría reducir la competencia entre empresas y afectar negativamente a los consumidores bonaerenses.
Participación en el debate
Ambas organizaciones solicitaron participar en los debates de la Comisión de Servicios Públicos antes de que se emita un dictamen, con el objetivo de aportar la perspectiva del sector productivo y evitar que la ley genere más problemas que soluciones.
FECRA y UIPBA insistieron en que un marco regulatorio adecuado debe promover la inversión, la transparencia y el desarrollo sustentable, sin comprometer la operativa diaria de las estaciones ni el abastecimiento de combustibles.