Envuelto en conjeturas y misterios, el caso Loan nos conecta con una Argentina que no vemos y que nos cuesta entender. Es una Argentina sumergida en el aislamiento y el atraso, donde una combinación de indigencia material y cultural termina desdibujando el valor de la vida. Es la Argentina en la que una abuela cree que a su nieto lo puede haber devorado “el Pomberito”, y donde lazos familiares y sociales suelen verse atravesados por la promiscuidad y cierto primitivismo ritual. Es otra idiosincrasia y otra matriz cultural, a la que por supuesto no puede juzgarse con liviandad ni confinar al estereotipo. Pero exhibe rasgos desacoplados de los códigos normativos que deberían unificar a una sociedad en el respeto a las diferencias. Es un país periférico, pero real; que parece lejano, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Es un país silenciado, donde la desaparición, la “entrega” o la venta de un niño pertenecen al mundo de lo verosímil.
Provincias como Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero tienen las tasas de analfabetismo más altas del país. En Chaco roza el 6% y en Corrientes, donde se desarrolla el drama de Loan, es del 4,5%, cuatro veces más que el promedio nacional, según datos oficiales. Son, al mismo tiempo, las provincias con índices más elevados de pobreza crónica o estructural. En ese contexto, no solo se deterioran las condiciones de vida material, sino también las relaciones humanas. La fragmentación familiar domina la vida cotidiana. El hacinamiento habitacional y la inseguridad alimentaria potencian riesgos en la salud y la convivencia. La educación y el trabajo se debilitan como ejes ordenadores de la vida social. Eso deriva en una suerte de marginalidad espiritual: se levantan altares paganos a figuras como San La Muerte, se hacen extraños rituales y llegan a justificarse estrambóticos “sacrificios” que suelen ser aprovechados por organizaciones delictivas vinculadas a la trata de personas, la esclavitud sexual o las adopciones ilegales, entre otros entramados tenebrosos que se montan sobre las necesidades y la ignorancia de personas vulnerables. Todo esto se exacerba en geografías fronterizas, donde la cultura del tráfico convive con la laxitud de las normas y la completa ausencia de controles. Algo de ese mundo parece asomar detrás de un caso que mantiene al país en vilo. No es algo que solo se observe en regiones rurales y empobrecidas del norte: también en el conurbano bonaerense se asocian estos rasgos de la marginalidad y la miseria.
Al mismo tiempo, con la desaparición de Loan se vuelve a ver una Argentina recurrente: la de la inoperancia judicial, la corrupción policial y la connivencia de sectores vinculados al poder. Una vez más, asistimos a un despliegue pasmoso de ineficacia investigativa: alertas tardías, peritajes mal hechos, pruebas desatendidas y aparente encubrimiento. El caso Loan no difiere, en ese sentido, de lo que se vio en Chaco con la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski o de tantos otros crímenes donde el guion de complicidad y encubrimiento se reescribe, casi idéntico, una y otra vez. Es un patrón común en los feudos provinciales, pero no solo en esos enclaves caracterizados por la fragilidad institucional. Pisotear la escena del crimen o de la desaparición, falsear o manipular huellas, demorar procedimientos, “plantar” evidencias o seguir pistas falsas es una especie de clásico argentino que conecta el caso Loan con otros tan diferentes como los de María Marta García Belsunce, Nisman, María Soledad Morales, José Luis Cabezas, Santiago Maldonado o el triple crimen de la efedrina.
Cada vez que la sociedad se conmueve por un hecho trágico o criminal, ya sea un homicidio, un incendio o un choque de trenes, se encuentra con una Argentina “atada con alambre”, en la que la falta de profesionalismo y la mala praxis del Estado aparecen como una constante. En el caso de Loan, la negligencia de la Justicia correntina ha resultado tan evidente como grosera. Nada que no hayamos visto, sin embargo, en estructuras judiciales supuestamente más sólidas y mejor equipadas, como las de la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires. En ese paisaje ha hecho su aparición un abogado especializado en acumular “millas televisivas”: otro actor de la Argentina recurrente, que hoy puede representar a Loan y mañana a sus captores.
La detención de un comisario y una funcionaria municipal también remite a una película que ya se ha visto muchas veces: en la Argentina, el vínculo entre las mafias y el Estado ha atravesado en las últimas décadas toda la pirámide del poder. Y encadena eslabones de distinta jerarquía: desde cúpulas partidarias hasta el más rústico lumpenaje.
La cultura del feudo, que el kirchnerismo supo instalar en lo más alto de la política nacional, tiene su primer escalón en los municipios, donde muchas veces se benefician de la falta de lupas y reflectores de la prensa independiente. Fue en otra comuna correntina, la de Itatí, donde supimos que el narcotráfico se manejaba desde el despacho del intendente. Ahora asistimos a la sospecha de que, por la administración de un pequeño pueblo, como Nueve de Julio, podría pasar el vértice de una organización criminal con conexiones internacionales. ¿Son casos aislados o responden a una matriz y un modelo que recorre la Argentina desde Corrientes hasta Santa Cruz?
Aun en medio de dudas e incertidumbre, el caso Loan parece descorrer un nuevo velo sobre la complicidad de distintos niveles del Estado en la expansión del crimen organizado. Entre la connivencia de unos y la inoperancia de otros, encuentran un campo fértil las redes de trata, de adopciones ilegales, de contrabando y tráfico de drogas. No está claro, todavía, que Loan haya sido víctima de esa telaraña delictiva, aunque los indicios orientan la investigación hacia ese lado. Pero hay algo de lo que no existen dudas: la arquitectura mafiosa se ha hecho cada vez más intrincada y más sólida en la Argentina, donde ha colonizado distintos estamentos del sistema institucional.
El caso Loan, por una sucesión de misterios y casualidades, tiene un enorme impacto nacional. Pero son más de cien los niños que permanecen desaparecidos en la Argentina, según un informe de Missing Children que acaba de publicar LA NACION. Muchas de ellas son historias anónimas, otras nos remiten a nombres que ya apenas recordamos. Pero en todos los casos, se vinculan con los dramas de un país al que cada vez le cuesta más garantizar la seguridad, el bienestar y el futuro de sus hijos.
Solo pensar en las vicisitudes de un niño de apenas cinco años “arrancado” de su familia estremece y genera angustia en la sociedad. Es una tragedia que se conecta con uno de los mayores miedos del ser humano: que a un hijo “se lo trague la tierra”. Son horrores que no ocurren solo en la Argentina, por supuesto. Ahora mismo puede verse en Netflix la historia de Emanuela Orlandi, la adolescente que desapareció en el Vaticano y de la que jamás se supo nada, a pesar de una investigación que lleva décadas y que movilizó a varios papas. El mundo entero se conmovió con el misterio de Madeleine McCann, la niña de solo tres años que desapareció para siempre en un paraíso turístico de Portugal. Se trata de historias dramáticas e inconcebibles en las que la impunidad ha doblegado a las instituciones más poderosas y sofisticadas del mundo.
El caso Loan, sin embargo, condensa el drama de la Argentina: atraso, pobreza, corrupción y debilidad institucional. Queda al menos la esperanza de una sociedad movilizada y sensible, que una vez más pide justicia. ¿Puede haber algo más atroz que el secuestro de una criatura? Sí: la indiferencia frente al horror.