En los últimos días, el Senado de la Nación comenzó a dar relevancia al proyecto de ley sobre ciberludopatía que llegó en revisión desde la Cámara de Diputados. La iniciativa busca enfrentar la adicción al juego online entre menores de edad, un fenómeno que crece sin freno a pesar de los límites que algunas billeteras virtuales o fintech empezaron a aplicar para restringir el acceso a las apuestas deportivas en línea.
Actualmente, hay 27 proyectos sobre el tema en discusión en la Cámara alta, aunque el proveniente de Diputados es considerado el más completo.
Controles, prohibiciones y responsabilidad de las fintech
Uno de los puntos centrales del debate es la creación de un sistema de control sobre las fintech, ya que muchas de estas plataformas están registradas ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero otras operan sin regulación, lo que podría configurar una forma de juego clandestino.
El proyecto también propone prohibir por completo la publicidad del juego online, en todos los medios y formatos posibles, siguiendo el modelo de las restricciones publicitarias aplicadas al tabaco a nivel mundial y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sectores a favor, pero con reservas
Diversos sectores manifestaron su apoyo al proyecto, aunque con matices. La Cámara de Casinos de la Argentina respaldó la iniciativa, pero señaló que el verdadero problema radica en las plataformas de pago.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también expresó su acompañamiento, pero advirtió que la norma afectaría los ingresos de los clubes y del propio organismo, ya que muchas instituciones deportivas reciben fondos por auspicios de casas de apuestas legales.
Por su parte, la Cámara Fintech se mostró dispuesta a crear un registro de sitios no autorizados y a bloquearlos si incumplen las normas.
Qué prohíbe el proyecto
El artículo 8 del proyecto establece una amplia prohibición de publicidad y auspicio vinculados a los juegos de azar y apuestas online.
Entre otros puntos, incluye:
-Prohibición de publicidad en plataformas, redes sociales, medios audiovisuales, indumentaria deportiva, vía pública, espacios privados de uso público, recitales y eventos culturales.
-Prohibición de bonos de bienvenida, auspicios deportivos y uso de marcas de apuestas en estadios o centros de entrenamiento.
-Veda total a la publicidad no tradicional (PNT), como menciones encubiertas, influencers o testimonios de deportistas y figuras públicas.
Campañas de concientización y registro de autoexclusión
Otro aspecto clave del proyecto es la creación de campañas de concientización sobre los riesgos del juego y un Registro de Autoexclusión de Apostadores, que permitirá bloquear el acceso de las personas registradas a plataformas y locales de apuestas. Este sistema estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo.
Autonomía provincial y educación familiar
El texto invita a las provincias a adherir a la ley, aunque la aplicación será relativa: la Nación no puede intervenir en jurisdicciones que no lo autoricen. Eso genera diferencias entre distritos y posibles vacíos legales.
Sin embargo, más allá de la normativa, especialistas y legisladores coinciden en un punto: sin educación familiar, las medidas serán insuficientes. Los padres deben asumir un rol activo, ya que muchos menores apuestan desde celulares o computadoras utilizando datos de tarjetas familiares, a veces sin el conocimiento de los adultos.
El rol de las fintech y el control parental
Algunas fintech, como Mercado Pago, ya implementaron mecanismos de control, como la “cuenta espejo” para menores, que permite a los padres supervisar gastos, bloquear operaciones y establecer límites de uso. Este sistema se considera una herramienta clave para prevenir el acceso indebido a las apuestas.
Una cultura que fomenta el juego
La ley también apunta a modificar una cultura social que incentiva la ludopatía desde la infancia, a través de videojuegos y apps que introducen mecanismos de apuesta encubierta, como la compra de ítems o mejoras pagas.
En las décadas del 70 y 80, recordaron algunos legisladores, el juego estaba prohibido en la Ciudad de Buenos Aires, lo que derivó en una proliferación de salas clandestinas y un auge de casinos en la Costa Atlántica.
Entre la prevención y el riesgo del juego ilegal
El consenso general en el Senado es que limitar la publicidad y la promoción del juego, especialmente entre los más jóvenes, es necesario y urgente. Sin embargo, varios sectores advierten que una restricción excesiva podría fomentar el juego ilegal y poner en riesgo puestos de trabajo dentro del rubro.
El desafío, según reconocen en todos los bloques, será encontrar un equilibrio entre la protección de la salud pública y la preservación de la actividad económica legal.