Julián Álvarez y Mayra Mendoza, al frente de los Ejecutivos de Lanús y Quilmes, se presentaron ante la Justicia Civil y Comercial para solicitar la designación de peritos que verifiquen la actividad del consorcio que administra el puerto de Dock Sud, ubicado en Avellaneda, ya que piden un resarcimiento por la rotura de las calles que generarían las empresas de logística terrestre que operan en la zona.
Cuando Álvarez asumió la intendencia de Lanús en diciembre pasado, fue designado también como representante por ese distrito y por Quilmes ante el consorcio que opera el Puerto y que administra los fondos que se destinan a los municipios que son afectados por el trabajo del lugar.
Mendoza y Álvarez han hecho públicos sus reclamos por la afectación que generan los camiones que se dirigen al puerto y, por ello, han emprendido un debate público con su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por los fondos del lugar.
Esa disputa tiene, además, un trasfondo político, de disputa territorial, entre los jefes comunales de La Cámpora y su vecino que impulsa la candidatura presidencial de Kicillof y que sueña con sucederlo al frente de la gobernación bonaerense. De hecho, en los últimos meses, Ferraresi ha «pisado» Lanús y Quilmes para realizar actos políticos en los que realizó discursos de alto voltaje contra Máximo Kirchner, contra Álvarez y Mendoza.
Ahora, Lanús y Avellaneda se presentaron ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 local para solicitar «la intervención de un perito contador que verifique los asientos contables y proporcione información sobre la actividad de las empresas, mercaderías, tasas y vehículos, entre otras cosas; y un perito informático que extraiga datos del sistema de las empresas y del Consorcio, incluyendo detalles de carga, descarga, distribución, control logístico, y rastreo satelital de vehículos».