Francisco Olivera
El acuerdo de aranceles alcanzado con Estados Unidos tiene todavía puntos por negociar, pero sus primeros trazos ya anticipan modificaciones significativas en la relación bilateral y exponen, por lo pronto, la necesidad que tiene el Gobierno de un respaldo integral de Trump. A simple vista, con la enumeración de compromisos dada a conocer hasta ahora, parecería que la Argentina ha dado más concesiones que su socio. Pero es una percepción preliminar: falta constatar una contraprestación decisiva, el stock de dólares con que la Casa Blanca está dispuesta a acompañar el programa de Milei. Nada menos.
Solo en enero, el Gobierno tiene vencimientos por unos 4000 millones de dólares. Serán 16.000 millones en todo el año. ¿Podrá contar con una asistencia que le permita no solo cubrirlos, sino recomprar bonos para que el riesgo país termine de bajar y no sea imposible renovar deuda? Sin ese espaldarazo, que podría incluir la participación de bancos y la aprobación de reformas de fondo que le aporten competitividad a la economía, difícilmente pueda entrar en el círculo virtuoso que haría viable el modelo.
Milei se propone avanzar y para eso necesita al Congreso. Anteayer, en la apertura de la Conferencia de la UIA, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso un slide con los números parlamentarios desde el 10 de diciembre. Según sus cálculos, La Libertad Avanza tendrá 93 diputados propios, 56 más que ahora, pero todavía 36 menos que los necesarios para el quorum. No le alcanza entonces con Pro, que tendrá 14; deberá indefectiblemente negociar con los gobernadores. ¿Con Jaldo, Saénz, Passalacqua, Jalil y Figueroa, que empezaron en estos días a trabajar en un interbloque que debilitará al PJ? En el Senado, el panorama es similar para el Gobierno: 19 propios, 13 más que ahora, pero todavía 17 menos que los requeridos para empezar a discutir un proyecto. Tampoco alcanzará ahí con los 5 de Pro. Por eso Santilli es importante.
“Milei es un tipo de suerte”, suele decir Eduardo Eurnekian. Pero, aun con todo a favor y si tuviera éxito, lo que el Presidente tiene por delante parece largo y no exento de tropiezos. Ninguna de las reformas que se propone es además de efecto inmediato. En el corto plazo deberá entonces lidiar con los problemas cotidianos de una economía en dificultades. ¿Cuándo podrá bajar la inflación al 1% mensual si, en simultáneo, emite pesos para acumular reservas en el Banco Central? ¿Alcanzará ese nivel de monetización al menos para el repunte de sectores cuya actividad sigue fría? Dilemas de este verano.
El acuerdo con Estados Unidos tiene también sus tiempos. Es cierto que anticipa modificaciones estructurales porque la Argentina sigue muy cerrada. El año pasado, según un informe de la consultora Empiria, de Hernán Lacunza, sobre datos del Banco Mundial, el país se ubicó en términos de apertura comercial en el puesto 130 de una lista de 136, solo por delante de Sudán, Etiopía y Haití. La suma de sus exportaciones e importaciones representa el 28% del PBI, frente a un promedio regional del 64%. El nivel de apertura de países con ingreso comparable al argentino, agrega el trabajo, ronda el 90% del PBI. Es decir que para llegar a ese estatus la Argentina debería subir sus exportaciones de 97.000 millones a 311.000 millones de dólares, y sus importaciones, de 82.000 millones a 260.000 millones.
Son metas ambiciosas. Pero el acuerdo anunciado no tiene todavía siquiera ganadores claros en el establishment local. Techint y Aluar, por ejemplo, están expectantes: podrían inferir como favorable uno de los puntos del texto, el que dice que la Casa Blanca considerará “positivamente” todas las exportaciones argentinas, incluso las de metales que, según la ley de expansión comercial, podrían representar una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Pero es solo una posibilidad.
Y los laboratorios nacionales ya están golpeados. El acuerdo dice que la Argentina se ha comprometido a modificar los “criterios de patentabilidad” de los medicamentos. Casi un tabú de esa industria: implica derogar una resolución que desde 2012 regula el registro de productos farmacológicos en el país y sobre la que se sostiene el desarrollo del negocio local. Ejecutivos de Pfizer y Merck se la recordaron a Milei y a Caputo la semana pasada en el encuentro con empresarios en Manhattan.
El tema es tan sensible que divide desde 2023 a los funcionarios del Gobierno. Ganó Sturzenegger. Perdió Mario Lugones, jefe del Ministerio de Salud, en cuyos cajones descansaba desde hacía meses un borrador para derogar la norma. Caeme, la cámara que nuclea a las farmacéuticas extranjeras, definió anteayer el acuerdo como “un paso significativo hacia la integración del país con los estándares internacionales”.
A las empresas de semillas y biotecnología les pasa algo parecido. Tienen aún menos detalles sobre el documento definitivo, pero los que les adelantó el miércoles la embajada norteamericana dejan a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) al borde de la fractura: fabricantes de genéricos –Rainbow, Tecnomyl, Albaugh, Sigma– versus empresas de investigación y desarrollo –Bayer, Basf o Syngenta–. Es probable que la propiedad intelectual de semillas y productos farmacéuticos se trate por separado, pero con el mismo criterio. La postura de Estados Unidos no se funda al respecto solo en negocios, sino también en cuestiones geopolíticas: los republicanos suponen que las patentes dificultan el ingreso de China en el mercado. Habrá heridos.
El Gobierno tiene, sin embargo, algunas ventajas. Viene de un triunfo electoral y lo espera un año entero sin elecciones. El resultado de las urnas no solo lo ubicó en una especie de segunda luna de miel, sino que además despedazó a la oposición. “Lo del 26 de octubre fue un golpazo y dejó una novedad: podés ajustar y que la gente no te castigue”, dijeron a LA NACION en un municipio peronista.
La derrota en la provincia de Buenos Aires ahondó la distancia entre Cristina Kirchner y Kicillof. Andrés Larroque, uno de los principales operadores de la provincia, propone ahora construir hacia adelante una mayoría nueva, no integrar una minoría vieja y con epicentro en San José 1111, y eso lo vuelve a enfrentar con Máximo Kirchner. Varios intendentes plantean lo mismo: Máximo es solo un heredero biológico de la expresidenta.
Pero Kicillof también perdió. Ya ningún gobernador recuerda su triunfo del 7 de septiembre, y hasta alguno se siente más a gusto conversando con Santilli. El ministro del Interior, que apunta a una candidatura en 2027 en la provincia, eligió además confrontar directamente con los actuales funcionarios. “¡Dale, Carli, gracias! Tomo nota”, le contestó en Twitter a Carlos Bianco cuando el jefe de Gabinete bonaerense le planteó que quería reunirse a discutir la coparticipación.
Hace dos meses, Santilli figuraba tercero en una lista a la que las encuestas le daban nulas posibilidades de ganar. ¿Otro de fortuna? Tiene además un estilo que parece trabajado minuciosamente para esta etapa y que es celebrado hasta en la UIA. “Primera vez que escucho a un funcionario de este gobierno decir que la industria es importante”, se entusiasmó anteayer un directivo que lo escuchó cerrar la conferencia. El ministro está a prueba y con atribuciones acotadas, pero tendrá un rol protagónico y vital en una carrera política: exposición. “Le dieron dos años de campaña gratis”, dicen en el Gobierno. El plazo está en realidad más atado al destino de Milei. Las segundas lunas de miel son casi siempre más cortas.
Fuente: La Nacion