Un nuevo entramado de corrupción golpea a la obra social de los jubilados. Una serie de auditorías internas ordenadas por la conducción del PAMI, bajo la gestión de Esteban Leguízamo, dejó al descubierto un millonario esquema de fraude que involucra a médicos de cabecera y especialistas de diversas provincias del país.
Las maniobras detectadas incluyen la facturación de servicios que superan con creces la capacidad horaria real de los profesionales y, de forma aún más grave, la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
La magnitud del desfalco encendió las alarmas en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que ya avanzó con denuncias penales, retenciones preventivas de haberes y suspensiones de liquidaciones en agencias clave de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Chaco.
El patrón descubierto por los equipos técnicos del organismo es tan burdo como sistemático. Al cruzar los registros de las prestaciones facturadas con la capacidad horaria máxima que cada médico declaró bajo declaración jurada en el sistema oficial, los números simplemente no cierran. Las agendas médicas se estiraban de forma mágica en el papel para cobrar por servicios nunca prestados.
El epicentro judicial de la maniobra se localiza en Santa Fe. A pedido de la Unidad Fiscal Rosario, la Oficina de Criminalidad Económica y la UFI-PAMI, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó los consultorios y la vivienda particular de un cardiólogo de la localidad de Acebal, identificado como M. G. A.
El especialista quedó en el ojo de la tormenta tras comprobarse que declaró haber atendido a más de 5.000 jubilados y haber realizado más de 50.000 prácticas de alta complejidad —como holter y electrocardiogramas— entre 2023 y 2025.
El dato que terminó de desmoronar la coartada fue doble: la gran mayoría de esos pacientes reside en otras provincias y decenas de ellos se presentaron de forma espontánea a denunciar que jamás habían pisado su consultorio. La defraudación bajo esta causa trepa a los $700.000.000, de los cuales el PAMI ya había liquidado unos $580.000.000.
“Registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios”, señalaron fuentes judiciales vinculadas al expediente, en diálogo con Infobae.
Holter cardíaco.
Prestaciones injustificadas y cajas congeladas en el Conurbano
El rastrillaje informático sobre los expedientes del INSSJP dejó al descubierto maniobras que rozan el absurdo legal y ético:
- Atenciones post-mortem (UGL III Córdoba): Las auditorías detectaron órdenes médicas validadas y cobradas el 14 de noviembre de 2024, a nombre de un afiliado que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
- Corte de caja en Buenos Aires: En las agencias de Lanús, San Justo y Quilmes, el organismo dispuso el bloqueo total y preventivo de los pagos a la profesional L. B. S., cuyos niveles de facturación encendieron alertas rojas en el sistema de control.
- Débitos masivos en el interior: Los médicos J. R. C., M. A. D. C., G. M. M. y A. R. S. sufrieron severas quitas en sus liquidaciones tras comprobarse desvíos insostenibles entre sus horas de atención real y el volumen de consultas que pretendían facturar.
Purga de prestadores y el factor Tucumán
Este escenario no es un hecho aislado, sino el corolario de un proceso de depuración más amplio. En mayo de 2026, la conducción del PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, prestaciones fantasma y severas falencias en los protocolos de higiene y seguridad de sus clínicas.
El despliegue de los auditores también desnudó el maltrato estructural en el norte argentino. En San Miguel de Tucumán, una inspección integral al policonsultorio Sanarte S.R.L. detectó desde la falta de habilitación municipal hasta demoras de 21 días para conseguir turnos en prácticas críticas.
El hallazgo más escandaloso fue su modalidad de atención: el centro médico otorgaba turnos informatizados “cada un minuto” bajo un sistema por orden de llegada, una ingeniería de facturación en masa considerada incompatible con una praxis médica digna.
En paralelo, en la provincia de Chaco, las autoridades le rescindieron el contrato al médico J. C. y activaron una denuncia penal en su contra, luego de que sus descargos administrativos fueran considerados insuficientes para explicar las groseras inconsistencias en sus planillas clínicas obligatorias.
Frente al sismo que provocó la ola de suspensiones y el desfile judicial, desde la cúpula del PAMI intentaron llevar un mensaje de tranquilidad a los millones de beneficiarios. “Auditar no significa perseguir”, remarcaron desde el Instituto, garantizando que el esquema de atención fue reorganizado de inmediato para asegurar que ningún jubilado vea interrumpido su tratamiento médico por la expulsión de los profesionales bajo sospecha.