La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy que el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso establecido en esa sentencia, al rechazar recursos de las defensas de ambos, que habían planteado la incompetencia.
La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema. Báez, en tanto, tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y “la ruta del dinero”.
Los planteos de las defensas
La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal.
Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la “ruta del dinero”, donde tiene una condena firme por lavado de activos.
La postura de Casación
Casación rechazó los argumentos y confirmó que el decomiso establecido en Vialidad y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados será ejecutado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
“Cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad”, agregó por su parte el juez Borinsky en relación al planteo de la defensa de Báez.
En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.
“Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”, concluyó.
La ex presidenta está con prisión domiciliaria condenada a seis años de prisión en esta causa por administración fraudulenta, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas del también condenado Báez entre 2003 y 2015.