Paro general: la UTA acató la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno y habrá colectivos este jueves

Pese al acatamiento a la conciliación obligatoria y al hecho de que habrá transporte público el 10 de abril, desde el gremio afirmaron su “adhesión” al paro para no tensar la relación con la CGT.

El tercer paro general contra el Gobierno de Javier Milei convocado por la CGT para este jueves 10 de abril sufrió una importante baja: la Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) resolvió no adherirse en la práctica a la medida de fuerza tras acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo, la cual tendrá un alcance de 15 días en relación al reclamo de mejoras salariales de los choferes. Por lo tanto, este jueves, día del paro, habrá colectivos.

En la CGT sospechan de un movimiento coordinado entre el secretario general de la UTA, y el Gobierno nacional para debilitar la medida de fuerza que tendrá lugar este jueves. Es que, en gran medida, el hecho de que haya o no haya colectivos es determinante para medir la eficacia del paro.

Desde la Secretaría de Trabajo afirmaron que la UTA tiene que acatar la conciliación obligatoria por ley. Desde la central sindical dejaron trascender que no se trata de una movida ingenua ya que Fernández convocó a un paro de choferes en la previa al paro general y dejó servido al Gobierno el dictado de la conciliación para que se extienda por dos semanas y garantice el funcionamiento de los colectivos.

El paro del transporte público se iba a realizar el 28 de marzo pasado, pero la conciliación obligatoria llegó un día antes y sigue vigente. El llamado fue hecho por el Ejecutivo tras una solicitud presentada por las cámaras patronales del sector. A esta acción se le suma una auditoría a las cuentas del sindicato efectuada por el Gobierno.

Más allá de que los colectivos van a funcionar el 10 de abril, desde la UTA se apresuraron a informar que adhieren de todos modos al paro general de la CGT. Por consejo de lo abogados del gremio, el transporte público funcionará, ya que de no acatar la conciliación obligatoria, se enfrentarían a sanciones económicas, despidos y recortes de subsidios.