Tras el fallo emitido por la Cámara Federal de Casación el viernes último, el cual habilita el decomiso de 111 bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, el fiscal Diego Luciani presentó un segundo pedido para decomisar más bienes en el marco de la Causa Vialidad.
Entre los bienes principales, ya sea por su valor monetario o simbólico, a decomisar figuran el departamento en el cual la exmandataria cumple su condena por dicha causa, ubicado en San José 1111, perteneciente a Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero; el hotel La Aldea de El Chaltén, Santa Cruz, que hace más de dos años se encuentra usurpado; y el hotel Alto Calafate, propiedad de Hotesur SA, otra compañía familiar bajo la lupa por blanqueo de activos.
Según lo informado por Clarín, Luciani hizo el pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) con el objetivo de llegar a cubrir los 685 mil millones de pesos que se fijó como el fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas.
En la segunda tanda se contempla el decomiso de 141 inmuebles: 13 de ellos pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 relacionados a sociedades de Lázaro Báez, además de 46 vehículos.
A su vez se incorporó a nuevo pedido los USD 4.664000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner y los USD 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia.
El TOF 2 fijó un criterio base al momento de proceder con los decomisos de bienes: será plausible de ejecución patrimonial todo aquello que se incorporó al patrimonio de los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, que fue el tiempo que duraron los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).