Tras la reciente promulgación de la reforma laboral, el Gobierno intimará a empresarios y sindicatos a renegociar unos 150 contratos colectivos bajo la nueva legislación sobre el mercado de trabajo.
Dichos contratos deberán actualizarse en relación a las cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.
Al respecto, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, aseveró que existen convenios colectivos negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”.
Más allá de los plazos previstos y la intimación, desde el Gobierno no apurarán a los empresarios y sindicalistas, pero sí buscan que incorporen los cambios laborales y tecnológicos por cada actividad por fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo y luego se presente el nuevo convenio en procura de que sea homologado.
Al momento de rediscutir los convenios, los negociadores podrán pedir asistencia técnica de las autoridades laborales, por ejemplo acerca de cómo incorporar “herramientas” incluidas en la ley que favorecen a los trabajadores.
Uno de los recursos que el Ejecutivo busca imponer son los ‘salarios dinámicos’, los cuales estarán sujetos a la productividad, los resultados y las condiciones concretas de cada rubro laboral.
Otro aspecto de la reforma laboral que el Gobierno pretende que se incorpore en la relación entre patrones y trabajadores es la creación de sindicatos por empresa, algo que atomizaría la negociación salarial al afectar la capacidad de los trabajadores de organizarse en el reclamo de la remuneración.