El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, oficializó la reglamentación que permite la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el régimen de Concesión de Obra Pública, en busca de atraer capitales privados para financiar al sector energético.
Las obras no se financiarán con presupuesto público directo, sino que podrán ser solventadas mediante la aplicación de tarifas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien directamente de la mayor capacidad de transporte.
El nuevo régimen también fija que las concesiones tendrán un plazo limitado: una vez finalizado -que no podrá superar los 30 años desde la habilitación comercial-, las instalaciones deberán ser transferidas al Estado nacional sin costo.
Durante la ejecución, los concesionarios actuarán como transportistas independientes y deberán cumplir con exigencias técnicas y regulatorias, bajo supervisión de las empresas transportistas existentes o prestadores técnicos del sistema.
En relación con el control, se informó que continuará interviniendo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad hasta que entre en funcionamiento el nuevo ente unificado creado por ley, que integrará la regulación del gas y la electricidad.