La iniciativa impulsada por la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria), que había recibido media sanción del Senado bonaerense en junio del 2024, determina que todos los proveedores de bienes y servicios de la provincia, tanto públicos como privados, quedarán obligados a permitir que el cliente puedan realizar personalmente la transacción.
Durante el debate en la Cámara alta, la legisladora oficialista subrayó que el objetivo de la propuesta era “resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito; evitar estafas y robos e incorporar a la legislación las mejores prácticas internacionales de la materia”.
En ese marco, la diputada Demaría señaló que los delitos más comunes se producían cuando los consumidores entregaban la tarjeta y el Documento Nacional de Identidad (DNI) al proveedor. “Ese lapso es más que suficiente para fotografiarlos, efectuar múltiples pagos o clonar la tarjeta de crédito o débito”, remarcó la senadora y titular de la comisión de Usuarios y Consumidores, en favor de la propuesta.
Asimismo, la autora del proyecto precisó en aquella oportunidad que la norma no obligaba a modificar la práctica vigente, sino que sumaba un derecho adicional. “Las personas que quieran seguir entregando al proveedor el DNI y la tarjeta, pueden seguir haciéndolo”, subrayó Demaría.
Es preciso mencionar que, el texto sancionado en Diputados también incluyó los aportes de la senadora del bloque UCR + Cambio Federal, Lorena Mandagarán, quien impulsó la obligación de que los comercios y proveedores de servicios adecuaran sus dispositivos de cobro electrónico en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la ley.
Por último, esta nueva normativa también incorpora un artículo clave que compromete a la autoridad de aplicación, designada por el Ejecutivo bonaerense, a desarrollar una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso seguro de las tarjetas.